“Gobernar es comunicar”.
Vicente Fox
Siempre he estado en desacuerdo con los impuestos especiales. Éstos introducen distorsiones en la economía y producen costos importantes que, al final, terminan pagando los consumidores. También me he opuesto a darle al gobierno poderes discrecionales, los cuales no hacen más que generar corrupción y abusos de poder. Por estas razones he cuestionado siempre el impuesto del 12.5 por ciento en tiempo a las radiodifusoras y televisoras (aclaro que obtengo una parte importante de mis ingresos de radio y televisión por lo que no soy un observador imparcial). Se trataba de un impuesto adicional a todos los demás que ya pagan estas empresas, como renta, activos, IVA, nóminas, prediales, etc. Pero debido a que en teoría podía aplicarse al tiempo total de emisión, se convertía en un gravamen potencialmente confiscatorio.
Era equivalente a cobrar un impuesto no sólo sobre las utilidades o siquiera sobre los ingresos brutos de una empresa sino sobre su potencial de ventas. En un periódico o una revista este impuesto se traduciría en una confiscación por el gobierno del 12.5 por ciento del total de las páginas. Ninguna empresa, a menos de que tenga un monopolio total y pueda trasladarle al consumidor el costo íntegro, puede sobrevivir con una agresión fiscal de esta magnitud. Tan confiscatorio era el impuesto que el gobierno nunca se atrevió a ejercerlo sobre el tiempo total de transmisión. Pero como su aplicación era discrecional, se convirtió en una amenaza: Si te portas bien, no usaré más que una parte del tiempo que me corresponde; pero si te portas mal, te quitaré tres horas completas y en horarios que te provoquen el mayor quebranto económico.
Lo peor de todo es que el Estado mexicano no ha mostrado nunca una capacidad siquiera razonable para emplear sus tiempos de medios. En la mayoría de los casos simplemente los rellena con comerciales carentes de estrategia mercadotécnica, impacto disuasorio u oportunidad. Es muy común que las entidades gubernamentales envíen a las televisoras y radiodifusoras comerciales que promocionan acontecimientos que ya tuvieron lugar. La “Hora nacional” unifica a los mexicanos, pero sólo para hacerlos apagar sus receptores de radio. Cuando el gobierno logra utilizar con eficacia su tiempo, como lo hizo ocasionalmente en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, es para promover sus proyectos políticos, como el Programa Nacional de Solidaridad.
Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ha narrado en sus memorias cómo surgió este gravamen especial y discrecional. El gobierno estableció originalmente en 1968 un impuesto del 25 por ciento sobre los ingresos brutos de las televisoras y las radiodifusoras. Esto habría significado un aumento brutal en los costos de operación que las empresas habrían tenido que pasar a los consumidores. El propósito, sin embargo, era obligar a las televisoras a negociar un acuerdo. Finalmente se acordó que el impuesto se cambiara por la entrega del 12.5 por ciento en tiempo. Era sin duda el menor de los males, pero fue una solución que hizo que pendiera una amenaza sobre los medios electrónicos de comunicación.
Muchos de nuestros intelectuales y políticos han cuestionado con virulencia el acuerdo entre el presidente Vicente Fox y Bernardo Gómez, ex presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, para cambiar el sistema del 12.5 por ciento. Han despotricado en particular sobre el hecho de que el gobierno tendrá en televisión ahora sólo 18 minutos de tiempo aire contra los 30 que anteriormente se otorgaban bajo la interpretación de que el 12.5 por ciento se aplicaba a los tiempos comerciales y no al total de emisión.
La verdad, sin embargo, es que si el gobierno utiliza con inteligencia estos 18 minutos, los cuales ahora se repartirán entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche en lugar de ser desterrados a la madrugada, logrará un impacto de público significativamente mayor. Me queda claro, pues, lo que el gobierno gana con esta negociación. Lo que la industria obtiene es evitar la amenaza del uso abusivo del 12.5 por ciento.
En mi opinión, sin embargo, estos 18 minutos siguen siendo un injusto impuesto especial a una industria que paga ya cada uno de los onerosos gravámenes que el gobierno cobra a las empresas de este país. Lo lógico sería darle a la radio y la televisión un trato igual al de cualquier otra industria.
Sólo legisladores
Martí Batres, coordinador de los diputados del PRD, señala que la “eliminación del 12.5 por ciento... en principio puede ser correcta”. Pero plantea que el cambio debió haberse realizado en el Congreso, porque implica modificaciones en la Ley de Ingresos que sólo los legisladores pueden cambiar.