El secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, afirmó que Durango cuenta con uno de los niveles más bajos de reincidencia a nivel nacional, siendo éste del 8 por ciento. “Sigue siendo ejemplo a nivel nacional, de tranquilidad social y estabilidad política”, ello en el marco de los avances que se llevan en la administración estatal, previo a la lectura del cuarto informe del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier.
Señaló que la sociedad de Durango exigió un gobierno responsable con el concurso, la voluntad y la inteligencia colectiva de los ciudadanos para encontrar siempre la mayor opción, el camino más corto, el beneficio mayor para servir a la gente.
Expuso que lo conseguido hasta ahora en el gobierno de Guerrero Mier es resultado del esfuerzo “que todos hemos venido realizando, compromiso que estableció con los duranguenses para impulsar un esquema de trabajo que abriera la posibilidad a la sociedad de tener una mayor participación en el gobierno”.
En torno a las labores realizadas por la Secretaría General de Gobierno, Castro Carrillo señaló que se han incrementado y obtenido resultados positivos en cada una de las instancias que competen, con el distintivo de que en las obras de infraestructura y de organización se privilegia, junto con la obra, un sentido prioritario del bienestar común.
Explicó que con el establecimiento del Consejo Estatal de Seguridad Pública se ha avanzado en este ramo, lo que ha permitido consolidar los objetivos que se encuentran plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2004, y con firmeza se mantienen bajos los índices de delincuencia común y organizada, así como los niveles de impunidad y corrupción que le restan credibilidad a las instituciones públicas, sociales y privadas.
Mencionó que en este rubro se han fortalecido los sistemas de comunicación e informática, a fin de dar una respuesta inmediata y un manejo especializado de la incidencia delictiva. Estas condiciones han permitido la inversión privada en la industria y el comercio, que tanto requiere la entidad para la generación de empleos, punto que es una exigencia generalizada de las familias duranguenses.
Castro Carrillo destacó la inversión que se ha realizado en infraestructura penitenciaria en el Centro de Readaptación Social No. 1 en Durango y la ampliación de espacios en el Cereso de Gómez Palacio. Se ha trabajado en la construcción del Cereso de Guadalupe Victoria, en las cárceles de Santa María del Oro, Santiago Papasquiaro, Centro Distrital de Readaptación Social de El Salto, Pueblo Nuevo, y en la construcción del Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores de Gómez Palacio.
De igual forma, se han dado avances en las obras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Subprocuraduría de Gómez Palacio y en la Dirección de Seguridad, Vialidad y Transporte de Gómez Palacio.
Informó que se ha fortalecido la participación ciudadana en los 39 municipios con la celebración de convenios de coordinación de seguridad pública con los gobiernos municipales, que constituyen una instancia con su participación y contribución para la persecución de la delincuencia común y organizada, coordinándose legalmente con el Estado, Federación y otros municipios.
“El titular del Poder Ejecutivo del estado como responsable de la aplicación de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, en cuanto a la libertad de los sentenciados por delitos del orden común, a través de la Dirección de Prevención y Readaptación Social en este lapso, ha emitido 881 beneficios de libertad anticipada”.
Por otra parte, se han integrado a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública los expedientes que han solicitado de los sentenciados federales, obteniendo durante el actual período 115 libertades anticipadas.
Castro Carrillo expuso que ha sido preocupación atender integralmente la zona indígena de Durango, definiendo acciones concretas que propicien un proceso de desarrollo, y para tal efecto se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de las Comunidades Indígenas, a fin de coordinar y conjuntar esfuerzos institucionales, que permitan abatir los rezagos y carencias de la región.
Con relación al conflicto agrario de la comunidad indígena tepehuana de Santa maría de Ocotán y Xoconoxtle del municipio del Mezquital, Durango, con el Ejido Bernalejo de Zacatecas, que ha sido considerado como de los más difíciles, pues se habla de un conflicto eminentemente agrario que el gobierno de Zacatecas pretende imputarle el rubro de conflicto de límites interestatales, dijo: “El Gobierno del Estado ha defendido desde el punto de vista jurídico y político el terreno en disputa que es propiedad de nuestra comunidad indígena, y lo seguirá haciendo porque nos asiste la razón y el derecho para que los indígenas disfruten de las tierras que les pertenecen”, concluyó.