Se alborotó el gallinero con la eliminación del 12.5 por ciento de los tiempos de transmisión que tenía que ceder la industria de radio y televisión al Estado. Era, sin duda, una gabela proveniente de un berrinche que, se dice, hizo el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz después de los sucesos del 68. El criterio que prevaleció era que había que sujetar a los medios de comunicación para evitar que el Gobierno sufriera el desprestigio proveniente de las emisiones en que se daba la noticia de lo acaecido en Tlatelolco aquel fatídico 2 de octubre. De una manera u otra, que haya sido el deseo de impedir una propaganda nociva o que a manera de castigo se impuso una injusta alcabala, lo cierto es que desde 1969 operó en favor del Gobierno ese tributo que a querer o no los concesionarios estaban dispuestos a pagar en especie.
Creo que tienen razón quienes opinan que el nuevo reglamento que rige el funcionamiento de los medios electrónicos producirá un desajuste en el presupuesto que tiene asignado el Instituto Federal Electoral lo que igualmente afectará las campañas electorales de los candidatos de los diversos partidos políticos que participen en las elecciones del 2003. No obstante quiero creer que se corrigió algo que no obedecía a una verdadera prestación generadora del crédito fiscal. Aunque esa medida, la de cancelar el arbitrio, fue tachada en su oportunidad de retrógrada, unilateral y arbitraria argumentándose que Fox decidió cancelar, sin consultar a los demás Poderes de la Unión, a pesar de que esa carga fiscal pertenecía al Gobierno que lo conforman tres poderes y no sólo uno, atendiendo a que las frecuencias que transmiten son en realidad bienes del dominio directo de la nación.
El senador ¡panista! Javier Corral les brincó las trancas a sus compañeros haciendo una áspera impugnación a lo resuelto por el Presidente diciendo entre otras cosas “estamos ante la mayor renuncia que Gobierno alguno haya hecho de las prerrogativas del Estado ante el nuevo poder de las televisoras”. Al pretender abordar al Presidente para manifestarle su objeción, a lo suscrito por el Gobierno federal y la CIRT, éste salía de la ceremonia en que se entregó la medalla Belisario Domínguez al jurista Héctor Fix Zamudio, el senador Corral fue interceptado por el también senador Diego Fernández de Cevallos quien al inquirirle qué derecho tenía para interpelar a su excelencia, léase el Presidente, le recordó aquél, con toda dignidad, que estaba actuando con el mismo derecho que don Belisario tuvo en su momento histórico.
Es cierto que el procedimiento para hacer las modificaciones al ordenamiento carecieron de la necesaria legitimidad si tomamos en cuenta que varios sectores habían sido invitados para conformar una mesa de discusiones en la secretaría de Gobernación dejándolos con un palmo de narices al resolverse el asunto sin su participación. Es verdad que al acordarse de madrugada, el asunto tomó matices de albazo que se confirmó al incluirse los cambios en una edición vespertina del Diario Oficial. Como que había que actuar sin dilación para evitar un resbalón o pensando en el viejo refrán de que “Palo dado ni Dios lo quita”. Lo que de alguna manera desvirtúa el quehacer del Ejecutivo que prometió gobernar con absoluta transparencia. Ya lo decía el hoy extinto Jesús Reyes Heroles: en política, la forma es fondo.