TORREÓN, COAH.- La planta tratadora de aguas residuales de la ciudad, se pondrá en marcha a finales del mes de noviembre del presente año como se había programado y no se pude diferir más su operación porque hay que cumplir también con una normatividad federal en materia de saneamiento, además, “los intereses de la ciudadanía deben estar por encima de cualquier otra cosa’’.
El alcalde Javier Garza de la Garza se refirió ayer así respecto a las declaraciones del presidente del Comité Municipal del PAN Jesús de León Tello, con relación a la inconveniencia de heredar problemas a la próxima administración municipal y sugirió que mejor se pospusiera la puesta en marcha.
A principios de semana, ejidatarios de varias comunidades rurales de este municipio demandaron públicamente al Simas el respeto a sus derechos de aguas otorgados por la Federación.
Garza de la Garza fue claro al indicar que no se trata de heredar problemas, pero dijo que si la planta tratadora no se echa a andar como se proyectó para el 28 de noviembre, por atender los reclamos de los ejidatarios, “posiblemente tengan que pasar muchísimos años hasta solucionar la controversia legal que esgrimen’’.
Por eso “ tenemos que irnos así, obviamente tenemos que poner el interés de los ciudadanos antes que cualquier otra cosa y si la planta está terminada, hay que ponerla a funcionar’’.
El único motivo por el que no se pusiera en operación esta obra sanitaria es en caso de no tener listo el desfogue para las aguas tratadas, es decir, el vertedor de demasías, pero ese asunto está por resolverse.
El problema con los ejidatarios, dijo, es básicamente con quienes compraron los derechos de agua a quienes ellos se los transfirieron, ya que “específicamente quienes están reclamando derechos, tengo entendido que son muy pocos, creo que hay algunos en el caso de La Joya, pero el resto han sido derechos que estaban asignados en otras partes. La mayor parte está en La Merced y Zaragoza, así como Arenales, que son tierras que desde hace tiempo perdieron su vocación agrícola totalmente.
La primer controversia que existe respecto a las demandas de los ejidatarios es respecto a si son o no válidos estos derechos una vez transferidos, además cómo aplica legalmente el hecho de que los permisos son para recibir aguas negras, no aguas tratadas, y como tercer punto a discusión respecto a la postura de los ejidatarios que reclaman, es el hecho de que la Ley de Salud prohíbe totalmente el riego de cultivos con aguas negras.
Por lo tanto, Garza de la Garza expuso que sí es una prioridad asegurar el mercado del agua a fin de evitar que los usuarios domésticos paguen tarifas más altas.
En su consideración, las voces que demandan posponer la operación de la planta tratadora de aguas residuales que iniciaría su fase de pruebas a finales de noviembre, desconocen varios e importantes aspectos legales y relacionados con la normatividad federal.
A que utilicen la vía legal los ejidatarios inconformes, les exhortó el Alcalde, tras indicar que si “un Juez Federal ordena mediante documento escrito la entrega de tal o cual cantidad de agua, se respetaría, pero en circunstancias diferentes, no”.