La Decisión.- Justamente porque en el 2000 el cambio de régimen fue un proceso relativamente pacífico y dentro de las instituciones existentes, el viejo régimen pudo heredarle al nuevo todos los grupos de poder e intereses creados a lo largo de 71 años. Algunos de esos “nudos de poder” son ilegales -como los cárteles de la droga- pero otros no, al menos en principio. Entre estos últimos los hay que con el manto de sus actividades lícitas cubren otras, ilegítimas o francamente ilícitas, por ejemplo, los empresarios que se benefician de monopolios o cuasi monopolios o las directivas sindicales cuyos líderes son resultado no sólo de añejas prácticas antidemocráticas, sino que usan su posición para actividades contrarias a los intereses de sus agremiados y de la sociedad en general.
Vicente Fox se presentó al electorado como el abanderado del cambio histórico y de la lucha contra los intereses creados ilegítimos. Sin embargo, ya en el poder, han sido pocas las posibilidades y la voluntad de enfrentar a los intereses heredados o de introducir cambios significativos. Y es que, para empezar, no es mucho lo que un gobierno de centro derecha puede o quiere hacer en México en materia económica. Desde su perspectiva, el gran cambio ya lo hicieron los tres últimos gobiernos del PRI: forzar al país a entrar al modelo neoliberal y globalizador. En este campo, el presidente Fox simplemente se ha propuesto mantener lo recibido, es decir, no cambiar de rumbo. Frente al estancamiento económico, el gobierno se ha resignado a no lograr el prometido 7% anual de crecimiento del PIB y se contenta con el 1.5% actual, pues no quiere salirse de la ortodoxia y usar el gasto público como instrumento para inyectar energía a la demanda por temor al déficit y a la inflación.
Así, México ha quedado a merced de la dinámica del gran socio comercial, Estados Unidos, pero resulta que desde finales del 2000 ese país está en recesión. En suma, Fox le ha dejado la tarea del cambio económico a la “mano invisible”, que hoy es, efectivamente, perfectamente invisible. Por lo que hace a la transformación social, México requiere revertir la tendencia a concentrar el ingreso de manera excesiva e inmoral. La viabilidad de la nación, su seguridad misma, exigen que el nuestro deje de ser ya un país donde el 40% del ingreso lo recibe el 10% más afortunado de la población, en tanto que el 10% menos afortunado debe sobrevivir con apenas el 1.5% del mismo.
Ahora bien, un gobierno de centro derecha, constreñido por su ortodoxia neoliberal y con una economía estancada, ni quiere ni puede hacer nada significativo en este campo. Si el foxismo no tiene posibilidad o voluntad de ser motor de cambios económicos o sociales, la parcela que le queda para sembrar el cambio es pequeña, aunque no infértil. La lucha contra la corrupción es una de esas áreas donde el foxismo aún puede y debe actuar de manera agresiva si no desea terminar en el 2006 entregando el poder al PRI. Es claro que el nuevo gobierno se ha tomado mucho tiempo antes de iniciar acciones decisivas en esta materia, pero de cualquier forma debe reconocerse que finalmente ha enarbolado ésa como su bandera en la gran batalla electoral del 2003. Tras casi dos años de “dejar hacer y dejar pasar”, el Presidente finalmente se decidió por lanzar una ofensiva contra la corrupción del pasado reciente en el terreno del poderoso triángulo Pemex-Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)-PRI. Así, tras lo que se dice que fue una cuidadosa preparación, el primer gobierno del régimen democrático mexicano, en vez de volver a sacarle la vuelta a un enfrentamiento directo con uno de los núcleos de poder del antiguo régimen priísta, se decidió por la línea dura y acusó formalmente de corrupción a ex funcionarios de Pemex, a altos cuadros del PRI en el 2000 y a líderes del STPRM.
Como se sabe, la denuncia se refiere específicamente a uno de los préstamos millonarios que la anterior administración de Pemex hizo al STPRM y que éste, a su vez, traspasó ilegalmente al PRI para que lo empleara en los momentos finales de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Los acusados y sus apoyos han respondido con una contraacusación: Fox y los suyos también tuvieron acceso a recursos ilegales vía la organización “Amigos de Fox”. En el momento más crítico del proceso, los del sindicato amenazaron con la huelga, con la paralización de una actividad estratégica. Sin embargo, y contra lo acostumbrado, el Presidente “pintó su raya” y no retrocedió. Las encuestas mostraron que en esta decisión a Vicente Fox le acompañó, y le acompaña, una amplia opinión pública hastiada de vivir en medio y a merced de la gran corrupción.
Lo que Está en Juego.- Carlos Romero Deschamps, secretario general del STPRM y actual legislador federal del PRI, es no sólo el principal acusado en el mal uso de los dineros públicos, sino la personificación y quintaesencia del corporativismo priísta y corrupto en la etapa salinista, es decir, a partir de que los “tecnócratas” se impusieran sobre los “políticos” dentro del viejo sistema.
El antecesor de Romero Deschamps al frente del STPRM, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, ha calificado al actual secretario general de los petroleros, como “Engendro de Judas” por haberlo traicionado en 1989 (Cómo enfrenté al régimen priísta, Océano, 2000, p. 74). Hernández Galicia es injusto, pues sabe bien que el ser priísta siempre ha implicado la disposición a cambiar de casaca al menos una vez cada sexenio. En efecto, en el PRI, la fidelidad de los subordinados nunca es personal; cuando en la despiadada lucha interna un jefe cae, entonces simplemente se acepta que “el rey ha muerto, viva el rey”. Como se sabe, en enero de 1989 Romero Deschamps era líder de la Sección 35 del sindicato petrolero y, por tanto “quinista” de pura cepa, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. El jefe de jefes, el presidente Carlos Salinas, decidió encarcelar a “La Quina” y sustituirlo a él y a su grupo en el STPRM por incondicionales -Romero Deschamps y amigos—, pues la política neoliberal requería que el sindicalismo cediera terreno a otros intereses y los líderes estaban para apoyar esa política, no para cuestionarla.
La embestida foxista contra Romero Deschamps y los suyos —sobre quienes pesa ya la Espada de Damocles del desafuero y del juicio penal—, no significa, ni de lejos, el fin de la vieja estructura sindical, pero sí un golpe que puede repercutir más allá de los corredores del STPRM. En efecto, someter a juicio a la cúpula petrolera y a otros priístas, no sólo afecta negativamente la imagen del PRI de cara al proceso electoral del 2003, sino que puede mostrar las condiciones de la invitación que Fox le hiciera meses atrás a los dirigentes del PRI para “cogobernar” el cambio. Sin embargo, lo más importante es que si Romero Deschamps y compañía pisaran la cárcel, el hecho serviría para dar credibilidad a la lucha de lo nuevo contra lo viejo —la corrupción— y mostraría que la derrota del PRI fue algo más que un cambio en los colores del partido en el gobierno.
Los Hechos.- El arcoiris de la corrupción priísta es muy grande y el campo electoral es sólo uno de sus colores. En este caso, la corrupción implicó el fraude —desde aquél de 1929 contra José Vasconcelos, hasta el de 1988 contra el neocardenismo hasta los innumerables casos en el ámbito municipal—, como también el uso ilegal y sistemático de recursos públicos. Esta última modalidad pudo ser detectada e investigada en detalle por el nuevo gobierno en el caso de la campaña del 2000, través de la secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Es esa investigación, la contundencia de sus datos, lo que hoy tiene a la defensiva a antiguos altos funcionarios de Pemex, a varios elementos del aparato burocrático del PRI y a la actual cúpula del STPRM. Mediante su consignación, el gobierno foxista pretende dar contenido a su promesa de lucha contra la corrupción y, a la vez, poner en evidencia el lado obscuro del PRI en un período electoral.
Los hechos básicos de la acusación del gobierno ya han sido filtrados con cierto detalle. En mayo del 2000, cuando la campaña presidencial llegaba a su etapa final y decisiva, el STPRM negoció con Pemex, entre otros préstamos, uno por 640 millones de pesos amparado por el convenio administrativo sindical 9399. El préstamo fue otorgado el 5 de junio, el 8 de junio se libró el cheque y a los pocos días el STPRM traspasó ese dinero en varias partidas al PRI, que lo disfrazó de varios modos -entre otros, con falsos sorteos—, y sin tardanza lo puso a disposición de los responsables de la campaña de Francisco Labastida en su etapa final.
Los Obstáculos.- El presidente Fox tiene en su acusación contra los antiguos directivos de Pemex, contra los responsables de la campaña presidencial de Francisco Labastida y contra la cúpula del sindicato petrolero, el mejor caso hasta hoy para dar credibilidad a su compromiso de luchar contra esa pareja de males históricos de la vida cívica mexicana: la corrupción y la impunidad. Para haber llegado hasta donde ha llegado, seguramente el Presidente debió haber enfrentado las objeciones de aquellos que dentro de su gobierno siempre han aconsejado no enfrentarse al PRI y también tuvo que sortear con éxito la amenaza de la huelga petrolera, una huelga que tenía la capacidad de causar enormes daños a toda la economía, aunque, de haber estallado, también le hubiera costado mucho al PRI y seguramente habría ocasionado la caída de la cúpula sindical petrolera.
Pero hay un segundo obstáculo: la acusación que pesa contra la organización “Amigos de Fox” (AF) por haber recibido dinero de cuentas personales en bancos norteamericanos de algunos simpatizantes. La figura principal en este caso es Lino Korrodi, un personaje cercano a Fox y encargado, durante la pre campaña y la campaña presidencial, de captar recursos privados para ambas. Como se recordará, AF fue una organización creada por José Luis González y 150 guanajuatenses más, el 16 de septiembre de 1998 con el objetivo de ganar para el gobernador de su estado la candidatura presidencial del PAN y luego la presidencia del país. Se trató de un auténtico partido político paralelo al PAN, que para marzo de 1999 ya tenía prácticamente el mismo número de militantes y adherentes que aquél (350 mil) y que pronto lo sobrepasó.
El PRI y los enemigos de Fox sostienen que AF llevó recursos privados provenientes del extranjero a la campaña presidencial, lo que es un delito y un indicador de quien realmente está detrás de Fox. El Presidente y los suyos se defienden argumentando que esos recursos se usaron en la precampaña -donde no había restricciones-, que en todo caso se trató de recursos privados no públicos y su monto es mucho menor a los transferidos por Pemex-STPRM al PRI. Desdichadamente, para realmente desmontar la acusación en su contra e impedir que se compare lo sucedido con AF con lo hecho por el PRI, los responsables de AF tendrían que abrir completamente sus registros y dar los nombres de los donantes y montos, pero resulta que una parte de esos donantes desean permanecer en el anonimato; ese fue el acuerdo original y piden que se sostenga.
En Conclusión.- La mejor carta del gobierno en este momento y de cara al encuentro con las urnas en el 2003, es un ataque sin tregua a la corrupción y en particular el castigo a quienes usaron fondos públicos -de Pemex- para apoyar al PRI. Ninguna otra política de las disponibles le puede redituar más puntos al gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, por mucho éxito que tengan en este campo Secodam o la PGR, y por bueno que sea el manejo del tema en los medios de difusión, la sombra de dinero privado proveniente del extranjero en la campaña electoral del PAN en el 2000, va a empañar lo que hasta ahora ha sido la mejor, por no decir que la única, ofensiva del nuevo régimen contra el viejo. ¿Podrá el gobierno convencer a sus amigos que deben abrirse de capa para poder concluir con éxito el ataque a sus enemigos y dar sentido al término “transparencia”? Ojalá sea el caso, pero no es seguro.