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México, D.F.- Juristas en materia laboral acusaron al Instituto Federal Electoral (IFE) de violar los derechos constitucionales de sus 60 mil trabajadores, porque en su totalidad están contratados por el régimen de confianza o de honorarios, excluyéndolos de las prerrogativas de ley.
Tres consejeros electorales defendieron la relación laboral del IFE con sus equipos de trabajo: las contrataciones del IFE se rigen por la legislación civil y no laboral.
Los consejeros Mauricio Merino Huerta, Virgilio Rivera Delgadillo y José Barragán Barragán, presidente e integrantes, respectivamente, de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, fijaron su posición: “Lo importante es destacar que Independientemente del nombre y naturaleza que se les de a los contratos, civiles o laborales, honorarios o salario, prestaciones o viáticos; se les llame trabajadores o prestadores de servicios, el Instituto siempre cumple con sus obligaciones contraídas derivadas del desempeño de sus actividades para el cabal cumplimiento del mandato constitucional y legal que les fue encomendado, con irrestricto apego al principio de la legalidad”.
El debate se dio en torno al foro convocado por el Partido Liberal Mexicano (PLM): “El Derecho Laboral en el Sistema Electoral Mexicano”, donde estuvieron como invitados los juristas Néstor de Buen Lozano, Hogo Italo Morales y Segundo García Hinojos.
La confrontación de posiciones estuvo centrada en si el IFE acataba o no lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, en lo relacionado a los derechos laborales de los trabajadores electorales.
Néstor de Buen y Segundo García señalaron que el IFE incumple en ello, por lo que hacía falta que el Consejo General del IFE cuente con disposiciones reglamentarias en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en materia laboral, para que hubiera una correspondencia con lo dispuesto en el 123 constitucional.
Los consejeros Mauricio Merino y Virgilio Rivera, rechazaron esa postura, al precisar que la relación laboral del IFE con sus trabajadores se rige por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, en el sentido de que “... los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado y necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral. Las disposiciones de la Ley Electoral y el estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores públicos”.
En la confrontación de ideas, el consejero Merino Huerta se enojó y prefirió retirarse del foro.
Virgilio Rivera aclaró varios aspectos ante la insistencia de Néstor de Buen y Segundo García, quienes insistían que “los buenos chicos e inteligentes del Consejo General tendrán que corregir el Cofipe”.
El consejero electoral precisó: -No hay 60 mil trabajadores en el IFE (como lo señalaron los juristas), hay alrededor de 12 mil plazas de honorarios temporales, más mil plazas de honorarios permanentes, aunado a la contratación de personal eventual en años electorales que puede llegar a 39 mil.
-El 123 constitucional no rige las relaciones laborales del IFE con los servidores del mismo; el apartado A de ese artículo se refiere a trabajadores de la producción, obreros y jornaleros, mientras el B regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, aunque en este último la fracción XIV se refiere a los trabajadores de confianza y disfrutarán de las medidas de protección al salario y seguridad social, que si aplica en el IFE con base en el 172 del Cofipe.
El foro concluyó con las posiciones contrapuestas de consejeros y juristas