Se supone que el Presidente de la República es el hombre mejor informado del país. Se supone también que en base a ello, se mueve con señalada cautela en la arena política. Se supone igualmente que es él quien cuenta con los mejores asesores que hay para las distintas materias. Y se supone que en ellos se apoya para hacer y decir lo que conviene sobre los grandes temas nacionales.
En efecto, todo eso se supone. Pero ni ahora ni antes ha sido plenamente una verdad, sea porque el Presidente hace declaraciones sin asesoría, sea porque desdeña ésta o sea simplemente, porque ni siquiera pregunta: “¿Cómo está eso?”. Sino que sólo suelta de su ronco pecho lo que le parece correcto en el momento que sea.
La cautela y la prudencia son objetivamente cualidades que debe tener cualquier persona que se precie de ser un buen político. Mas, éstas parece que desaparecen en cuanto se llega a la presidencia de la República. Eso suponiendo que alguna vez se hayan tenido.
Vicente Fox no es la excepción. Prueba de ello es, entre otras, que en las últimas dos semanas hizo declaraciones falsas o imprudentes.
La primera de ellas la escuché de viva voz. Dicho en otros términos: yo lo oí, nadie me lo contó.
Al abordar el caso de Pemex, el Presidente afirmó: “Nosotros (el Ejecutivo), ya hicimos nuestra parte. Ahora toca al Poder Legislativo juzgar sobre el desafuero y posteriormente al Poder Judicial impartir justicia”. Algunos medios difundieron la noticia de esta forma: “Ya cumplí mi parte: Fox”.
La primera cuestión que salta a la vista es que el Ejecutivo no puede decir que ha cumplido su tarea si el asunto de Pemex apenas se inicia y una de sus primeras fases es la de obtener las órdenes de aprehensión, pero la otra y más importante es que el ministerio público debe probar en el proceso la responsabilidad de aquéllos en contra de los cuáles ejercitó la acción penal.
En ese sentido y partiendo de la base de que la Procuraduría General de la República depende del Ejecutivo, éste no puede decir que ya cumplió si los procesos apenas se van a iniciar.
Pero además, le debieron haber dicho al Presidente, que tratándose del llamado “juicio de procedencia”, que culmina, en su caso, con el desafuero de los legisladores, el poder Legislativo no juzga, simplemente determina que ha lugar a desaforar a los presuntos responsables para que comparezcan ante las autoridades judiciales para responder de los cargos que se les imputan.
A su vez, el Presidente se condujo con total falta de cautela, cuando ante la exigencia de la conferencia de gobernadores de que les sean devueltos a los estados y municipios los recursos que les han retirado (cuarenta mil millones de pesos), al tiempo que demandan que aumenten éstos en el próximo año.
Ante tal exigencia de los gobernadores priistas y perredistas, el Presidente respondió diciendo que no negociará con los gobernadores, porque “son los legisladores en el Congreso de la Unión, los verdaderos interlocutores legales para aprobar el Presupuesto del 2003”.
Como diría el propio Fox, “ciertamente” son los diputados y senadores los que al final de cuentas aprueban o desaprueban el proyecto de Ley de Ingresos que les envía el Ejecutivo. Pero de ninguna manera, ni formal ni materialmente hablando, son ellos los únicos interlocutores o sólo con los que el Presidente debe negociar para sacar adelante su proyecto de ley.
No debe perder de vista que durante los años de campaña él sostuvo que de llegar a la presidencia, aumentaría los recursos a estados y municipios y en los hechos ha resultado lo contrario. Pero remitiéndose a aquella promesa, los gobernadores están en su derecho de exigirle que cumpla con ella.
Además, el Presidente tiene que tener presente que en el actual escenario los gobernadores surgidos del PRI y del PRD, juegan un papel importante hacia el interior de sus respectivos partidos y son un factor real de influencia sobre todo con los diputados federales que dentro de sus fracciones parlamentarias se agrupan por estados.
Esto último, lo sabe bien el Presidente porque ha echado mano de ellos (los gobernadores) en otras ocasiones a fin de que sean interlocutores frente a los diputados de sus entidades y los convenzan de apoyar determinadas reformas, como sucede en el asunto de la privatización del sector eléctrico.
Si bien los gobernadores no pueden ponerle un ultimátum al Presidente, tampoco él puede sostener paladinamente que no va a negociar con ellos para sacar adelante la Ley de Ingresos del próximo año.
En ese escenario, lo más recomendable es actuar con cautela y no cerrar espacios de negociación que posibiliten el que un proyecto del Ejecutivo pueda salir bien del Congreso.
El propio Diego Fernández de Cevallos, líder de la bancada panista en el Senado, le sugirió al Presidente atender los reclamos de los gobernadores que demandan la devolución de esos cuarenta mil millones de pesos que les han recortado, aunque sin aceptar ultimátum alguno.
No es posible que el Gobierno federal se siente a negociar con los campesinos de Atenco o que lo haga con líderes de grupos de ejidatarios que llegan a Bucareli tumbándole la puerta al secretario de Gobernación y no quiera hacer lo propio con la conferencia de gobernadores quienes fueron legítimamente electos en sus respectivas entidades.
No hay ninguna mengua del poder presidencial si Fox aceptara escuchar la voz de sus asesores para no incurrir en yerros. Como tampoco la hay si sus operadores políticos negocian con los gobernadores que lo único que quieren es contar con más recursos para responder a las demandas de la sociedad.
El Presidente debe recordar que el arte de gobernar se sustenta en buena parte en el arte de negociar.