Hablar de la violencia es fomentarla. Porque algunos no estarán de acuerdo con nosotros y ésos se apoyarán en su réplica a nuestros argumentos para sostener y continuar con sus ilegales conductas.
La Constitución General, no una ley secundaria, sino la Ley de Leyes, es muy clara cuando en su artículo 61, segundo párrafo, establece: “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar”.
Históricamente las razones que tuvo el constituyente originario para haber decretado la inviolabilidad de los recintos legislativos, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, son muy claras. Pero para quienes no las recuerden, bástenos en este momento con recordar la forma en que el traidor Victoriano Huerta sitió y presionó al Congreso para que aceptaran las renuncias de Madero y Pino Suárez. Hubo entonces una violación del recinto congresional y una coacción a la voluntad de los legisladores.
El fuero de los legisladores y la inviolabilidad del recinto legislativo, son dos atributos indispensables, en nuestro sistema, para que un congreso pueda funcionar. Sin ellos, los legisladores están inermes ante cualquier tipo de ataque que contra ellos enderecen sus enemigos o adversarios.
Una prueba más de que estas dos disposiciones deben mantenerse en el texto constitucional, la tenemos en los violentos hechos de esta semana, cuando grupos compuesto por maestros, campesinos y obreros, irrumpieron en el recinto de San Lázaro y arremetieron contra todo lo que encontraron a su paso. No penetraron al salón de sesiones, porque lo impidieron los propios diputados, pero los manifestantes lo intentaron, y por ello, es factible hablar de un intento de violación a ese espacio de la Cámara, lo que violenta sin duda el dispositivo constitucional.
En un afán por explicarlo, que no justificarlo porque de ninguna forma podría hacerlo, Rosario Robles sostuvo en un programa de televisión, que si tanta indignación causaban esos hechos, cómo no se indignaban quienes así pensaban, por la miseria en el campo, los salarios de hambre de los trabajadores y el mal trato a los profesores.
A su juicio, la gente reacciona así cansada de tanta injusticia. Pero, aquí valdría preguntarnos si esas injusticias autoriza a cualquiera a ejercer violencia en las personas y las cosas, para lograr un determinado objetivo.
Si la respuesta es: no, entonces no hay argumento que valga para justificar lo sucedido en San Lázaro. Si la respuesta es: sí, habría que dejar de lado todo el orden jurídico e implantar en su lugar la ley de la selva.
He dicho en otros momentos que admiro la entereza e inteligencia de Rosario Robles, pero no es con retruécanos verbales como la presidente nacional del PRD puede salir bien librada de las imputaciones que se le están haciendo a ese partido, en el sentido de que su dirigencia está detrás de esos movimientos e incluso que los financia.
El Partido de la Revolución Democrática ganó mucho, cuando hace años, en una asamblea nacional, decidió cambiar de rostro y abandonar las manifestaciones violentas constriñendo su conducta a los límites marcados por la ley.
La ideología y estrategia política se impusieron dejando atrás a los caprichos dogmáticos y a la violencia sistematizada.
Fue entonces, cuando el PRD comenzó a ganar más y más adeptos y a cosechar triunfos electorales que se tradujeron en ayuntamientos, gubernaturas y su logró más importantes que hasta la fecha mantienen: el gobierno del Distrito Federal.
Sin embargo, es evidente que aún actúan en su seno grupos que están convencidos de que solo al través de la violencia y en el extremo, de la lucha armada, se puede transformar este país.
Fui testigo también, al través de la televisión, de la justa indignación del diputado Felipe Calderón, quien con toda energía exigió que se castigara a los culpables y retó a debate tanto a Andrés Manuel López Obrador, como a Rosario Robles.
Creo que ese tipo de debates a nada bueno pueden conducir, sino que lo conducente es que se realicen las averiguaciones del caso y se sancione a quienes hayan sido responsables de tan censurables conductas. Eso es realmente lo conducente. Lo otro, no pasa de ser mera pirotecnia política.
La que a su vez mostró una prudencia rayana en una falta de deber de cuidado, fue la presidenta de la Cámara Beatriz Paredes. Seguramente por no hacer más grande el problema, Beatriz optó por no pedir de inmediato el auxilio de la fuerza pública, pero eso envalentonó a los manifestantes que actuaron con saña y cobardía.
Lo más preocupante es que, como se ha dicho en otros comentarios periodísticos, los actos de violencia que quedan impunes son cada vez más frecuentes.
Lo son también las faltas de respeto hacia las autoridades y las instituciones. En ambas cámaras los legisladores se han permitido excesos que contribuyen al deterioro de aquellas y hasta los mismos medios de comunicación festinan y le dan foro a sujetos como Francisco Solís, ese asambleísta que se autodenomina “Pancho Cachondo”.
Al hacerlo están impulsando la cultura de la frivolidad en la política y con ello, invitan a otros a que hagan lo mismo buscando por esa vía la notoriedad que no alcanzan si actúan correctamente, con decencia y privilegiando las ideas sobre las simples ocurrencias.
Es cierto, la transición que estamos viviendo se ha ido desenvolviendo en forma pacífica. Pero no debemos de tentar al diablo, porque lo que hoy nos causa hilaridad, mañana puede ser motivo de temor, angustias y hasta de revueltas sociales.