“Hay un punto, pasado el cual, hasta la justicia se vuelve injusta” Sófocles
¿Cómo llegamos aquí? México vive horas definitorias. El primero de octubre podría estallar una huelga sin precedentes. La parálisis de la principal industria del país no sólo encierra un severísimo quebranto económico. La cuestión es aun más grave. Una huelga en Petróleos Mexicanos exhibiría un México confrontado a muerte. El pronóstico es inevitable: todos saldríamos perdiendo. Pero, de nuevo, ¿cómo llegamos aquí? Lo primero es el enredo de temas y asuntos. Formalmente hablando la amenaza de huelga es producto de las demandas salariales y por prestaciones. Una cuestión meramente laboral que ha sido, sin embargo, transformada en un franco chantaje al gobierno federal. Sin tapujos las cabezas de las diferentes secciones lo lanzan: ellos amenazan a nuestros líderes, nosotros estallamos la huelga. No se alega ya el 5.5% como tope, sino una guerra política.
Las investigaciones de SECODAM y PGR sobre posibles desvíos de dineros públicos no entran en la argumentación. Se trata, dicen, de una persecución política que recibe una respuesta política. México va de por medio, pero eso es lo de menos. Convertida en batalla de contenidos profundos que el ciudadano no puede mirar, subjetivizada, la confrontación pierde asideros jurídicos. ¿Hay o no elementos para presuponer la comisión de delitos? Esa es la única pregunta relevante para la plaza pública.
Si la respuesta es afirmativa, el gobierno de Vicente Fox está obligado a proceder. No es un acto de voluntad o capricho. La no acción generaría responsabilidades. Pero el problema es que el gobierno no ha logrado convencer a la opinión pública de que es así. Más del 50% de la población ve una venganza política en el caso. Allí es donde el gobierno va perdiendo la batalla. Si la opinión pública estuviera convencida de la seriedad de las investigaciones emprendidas en contra de los líderes petroleros, en contra de los exdirectivos de PEMEX y de los varios priístas involucrados, nadie levantaría la mano para defenderlos. Jefferson afirma que la justicia sólo puede caer cuando amigos y enemigos encuentran la culpabilidad evidente. Todavía no es así. Hoy el PRI y el sindicato petrolero corren el riesgo del ridículo que supondría dar un espaldarazo a un probable grupo de pillos. ¿Por qué lo hacen? Están ciertos de que la suerte en la batalla frente a la opinión publica no está echada. Algo en el procesamiento del asunto estuvo mal, muy mal, al grado de que la pésima fama del sindicato de petroleros y del propio PRI no parecieran lastre suficiente para hundir el argumento de la venganza política.
De pronto todo se vuelve negociable. No ir por la vía penal sino laboral, devolver el dinero desviado, proceder o no al desafuero, estallar la huelga o mejor aceptar la libertad de los líderes. Caminamos así entre el fango. Nada hay firme. La verdad jurídica se desvanece. La palabra negociación es aquí sinónimo de claudicación, de tranza. Si el Presidente Fox está convencido de la solidez de las investigaciones debe hacer un gran llamado a la opinión pública, convocar a la ciudadanía a cerrar filas alrededor de la aplicación de la ley, esa que debe ser la única constante en la vida de la sociedad mexicana. El presidente goza todavía de un amplio crédito. Un presidente extorsionado por una mafia de probables delincuentes conquistaría el apoyo popular. Pero primero tendrían, él y su equipo, que convencer de lo que hasta ahora no es claro para o la opinión pública: se trata de casos concretos, no se pretende debilitar al sindicato y tampoco utilizar el caso para herir de muerte al PRI. Esa es la batalla que no han ganado. En la desconfianza todo se mezcla.
Ahora bien, si las investigaciones no están bien fundadas el régimen debe corregir de inmediato y dejarse de aspavientos con apariencia justiciera que se desmoronan. Pero de nuevo ¿por qué no han logrado convencer a la opinión pública a pesar de la maltrecha posición del PRI y del STPRM? Pareciera difícil perder una causa en la cual, de entrada, la sospecha ronda sobre los inculpados. El radicalismo del discurso del régimen hoy le cobra la factura. Al llegar al poder la soberbia hizo de las suyas. Ellos eran puros y los anteriores podridos hasta la médula, ellos sabían hacer las cosas y lo previo eran mares de ineptitud. México renacía, mejor dicho nacía con ellos. No hubo matices. En bloque todo era negro. Con esa actitud el próximo paso de la democracia mexicana implicaba enterrar al PRI. Cero concesiones. Por eso hoy impera la percepción de que el caso PEMEX es parte de la misma guerra final contra el PRI.
La versión maniquea no puede explicar al México contemporáneo, ese que en palabras del propio Vicente Fox hoy, de pronto, goza de una cabal salud institucional. Si el discurso del régimen hubiera distinguido entre los “buenos y los malos” del PRI, hoy el ciudadano promedio no leería en el caso PEMEX una cruzada para aniquilar al sindicato y al final del día al PRI. Pero la versión reiterada fue que nada se salvaba. Resulta que miles de trabajadores petroleros y cientos de miles de priístas y muchos ciudadanos sin más no hacen más que responder a la advertencia lanzada urbi et orbi: contra el PRI hasta la muerte. ¿Cómo no leer el caso PEMEX en éstas coordenadas? ¿Por qué creer que en esto el régimen si está siendo muy sensato, prudente, y cuidadoso de la ley y que no busca nada más? Resultado: el mundo al revés. Hoy una de las organizaciones gremiales más cuestionadas se erige en víctima. Hoy líderes que ni remotamente tienen el arraigo y poder de sus antecesores son capaces de paralizar a México como nunca antes había ocurrido. Hoy los defensores del estado de derecho son cuestionados por sus ardides jurídicas para ocultar el caso “Amigos de Fox” y proceder aviesamente contra un grupo de santos. Hoy lo que debió ser un asunto estrictamente jurídico, individualizado, puntual, concreto, es interpretado como una malévola estrategia nacional para aniquilar al partido que más votos trae detrás. ¿Cómo llegamos aquí? Muy sencillo, el hígado tuvo más presencia que el cerebro. Increíble, estamos llegando al punto en el cual la justicia evidente no es procesable.