Lo Ideal y lo Real.- Lo ideal sería que todo lo legal fuese también justo y viceversa. Sin embargo, rara vez las cosas son así de simples. En la realidad mexicana, por ejemplo, hay grandes banqueros estafadores o políticos notoriamente corruptos que se pasean libres por la calle debido a que una legalidad ilegítima se los permite. También hay personas que ven embargados sus bienes no porque no quieran pagar sus deudas, sino porque no pueden. Y por eso también hay quienes protestan quebrantando la norma y autoridades que no castiga porque saben que en la protesta hay elementos de legitimidad, y usar la fuerza de la ley crearía más problemas de los que resolvería.
Las imágenes que desde el Palacio de San Lázaro difundieron los medios sobre la violencia que ahí tuvo lugar el pasado diez de diciembre -protestantes encendidos queriendo forzar su entrada al recinto-, resultaron escandalosas para unos y desalentadoras para otros pues dificultan la consolidación de la recién nacida democracia mexicana. Al final, lo ocurrido en el congreso fue más ruido que nueces, pero las imágenes de la furia desbordada de los miembros de “El Barzón” o de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se ligan con otras imágenes de la misma naturaleza y constituyen un síndrome de la enorme dificultad que implica conducir hoy el proceso político mexicano: vendedores ambulantes haciendo retroceder a tubazos a policías antimotines capitalinos, un campamento de “Los Cuatrocientos Pueblos” frente a un museo de arte imposibilitado de desempeñar su tarea, personajes desnudos frente a la Secretaría de Gobernación, campesinos cortando carreteras o habitantes de San Salvador Atenco impidiendo, machete en mano, la construcción de un aeropuerto para la Ciudad de México. Las acciones protagonizadas por los grupos mencionados tuvieron al menos dos características. Por un lado, infringieron la ley, por el otro, fueron producto de las carencias y agravios que un buen número de mexicanos vive en esa parte de la estructura social -donde muchos tienen poco, y que contrasta vivamente con aquélla donde pocos tienen mucho. Y eso es lo que explica que la autoridad no haya reaccionado de la manera contundente que la ley exige y que un buen número de ciudadanos demanda. Las protestas no son únicamente producto de carencias sino que también son indicadores de lo azolvados que están los canales institucionales por los que, se supone, que deberían correr sus demandas (partidos políticos, legislaturas, tribunales, etc.). Es por ello que aquellas clases a las que les faltan recursos materiales, echan mano de su instrumento de presión natural: masas espoleadas por un sentimiento de urgencia y de agravio histórico.
Una Demanda.- El allanamiento multitudinario de recintos oficiales, el acampar o desnudarse en la vía pública, el cortar carreteras, el enfrentar a la policía, el oponerse a expropiaciones hechas en nombre del interés público, el linchar a presuntos ladrones, son, desde luego, acciones ilegales y hasta criminales que, en principio, la autoridad está obligada a castigar, pues de lo contrario se violenta el Estado de Derecho y se fomenta la impunidad. Y es por eso que en cada uno de los casos mencionados y en otros de igual naturaleza, se han alzado voces airadas que con legitimidad piden que un gobierno nacido de elecciones reales, actúe como representante del bien común y ponga orden, incluso por la fuerza, pues sin ese orden no hay progreso, y sin progreso nunca se superará la pobreza de los que protestan y de muchos más.
Historia Antigua.- Tras la independencia, las nuevas clases gobernantes quisieron meter a México, de golpe, en la modernidad económica y cultural. Se trató, finalmente de una modernidad que se hizo en nombre de todos pero que beneficiaba a los modernizadores a costa del resto. Y en ese proceso se destruyeron las formas tradicionales de peticionar, demandar, solicitar o defender derechos adquiridos de las clases dominadas. En Chalco, por ejemplo, la relación entre los bienes comunales y las haciendas, difíciles de antaño, empeoraron con el advenimiento del período nacional. La construcción de sistemas de riego y expansión de las haciendas a mediados del siglo XIX, llevó al punto de ruptura la relación entre éstas y los pueblos indígenas vecinos. Y del camino judicial y de la petición política directa pero sumisa, los pueblos pasaron al tumulto y a la violencia. Para 1867, la mitad de los pueblos de Chalco tenían conflictos con las haciendas. Sus habitantes, que habían manifestado en docenas de escritos su juarismo, republicanismo, patriotismo y apoyo a la constitución de 1857, exigieron que se reformaran las leyes agrarias pues, según ellos, debían de ser las haciendas y no las comunidades, quienes demostraran la legalidad de los títulos de propiedad. En cualquier caso, los argumentos de los pueblos apelaban a un viejo sentido de justicia, pero los propietarios de las haciendas, que también eran los líderes políticos -un ejemplo conspicuo fue Mariano Riva Palacio- apelaron a la letra de la ley moderna, la que buscaba acabar con la propiedad comunal en favor de una economía netamente capitalista y de mercado. El resultado fue la rebelión de 1868, encabezada por Julio López Chávez, que se extendió a partes de Puebla e Hidalgo.
Al final, los rebeldes se dijeron traicionados y tratados con injusticia por el gobierno de Juárez; justificaron así su recurso a la violencia: “estamos convencidos de que esta manera (presentar sus demandas por la vía legal) jamás lograremos recobrar nuestros terrenos”. Ocasionalmente la prensa de la época reconoció un fondo de legitimidad en las demandas de los inconformes, pero siempre reprobó sus medios: de aceptarse la recuperación de tierras de las comunidades por la vía de los hechos consumados, alentaría a otros a hacer lo mismo y todo desembocaría en una “guerra de castas”. Al final, la ley moderna, el Estado de Derecho, se impuso a sangre, fuego y deportaciones (Romana Falcón, México descalzo, 2002, pp. 251-287 ). Sin embargo, el problema realmente no se resolvió; se mantuvo larvado y volvió a estallar aprovechando la coyuntura creada por la caída del régimen de Porfirio Díaz.
El Barzón.- Una de las dos organizaciones que en la actualidad intentaron hacerse oír por la élite política y la opinión pública mediante la invasión de la Cámara de Diputados del diez de diciembre, es “El Barzón, A.C.”. Los barzonistas se definen, en primer lugar, como un movimiento ético pero, además, “legal, pacífico, propositivo, alegre a pesar de la adversidad, democrático, plural, radicalmente independiente e impredecible” (véase: http://www.elbarzon.org). Su acción se inscribe en una tradición vieja. En su origen, “El Barzón” se constituyó con miembros de las clases medias rurales pero con el paso del tiempo se ha extendido a sectores económicamente más deprimidos y urbanos. El movimiento nació casi espontáneamente en el norte, durante el gobierno de Carlos Salinas. Surgió como reacción de indignación y defensa ante los embargos, remates, adjudicaciones y desalojo, que se fueron objeto propietarios rurales que habían caído en la insolvencia como resultado inevitable de los efectos negativos que tuvieron la apertura comercial y la política neoliberal en general sobre los precios de los productos agrícolas. “El Barzón” evolucionó como gran asesor financiero, fiscal contable de gestión e incluso psicológico, para sus miembros. Sin embargo, sus acciones más importantes y creativas han tenido que ver con la desobediencia civil, es decir, con ejercicios de presión basados en la legitimidad de sus demandas y en contra de una legalidad injusta. Como en el caso de los hacendados de Chalco frente a los pueblos, formalmente es legal que los bancos se cobren adeudos no saldados tomando y rematando las propiedades de los agricultores que no pudieron pagar sus créditos como resultado de su mala situación como productores. Sin embargo, los barzonistas aseguran que sus acreedores son “el segmento privilegiado del régimen: el capital financiero y especulativo”, un tipo de capital nocivo, que medra a costa del verdadero productor y trabajador. Por tanto, la resistencia a la acción legal de los bancos es legítima por ser justa, como justa es también la exigencia de ayuda a un campo que tiene que competir con productos norteamericanos, fuertemente subsidiados. Esa es la raíz de lo ocurrido el diez de diciembre en el Congreso.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).- En el principio, en el siglo XIX, fueron las sociedades mutualistas de los maestros. Luego, tras la Revolución, surgieron las organizaciones sindicales, y en diciembre de 1943 nació el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el famoso SNTE. Se trató, desde el inicio, de una pieza clave en la organización corporativa que constituyó el sustento del régimen post revolucionario mexicano, el priista. Sin embargo, y como resultado de las tensiones internas, desde 1989 el liderazgo dejó en libertad a los miembros del gran sindicato para que cada uno decida el partido u organización política de su preferencia.
El SNTE fue, y en buena medida sigue siendo, un sindicato con todas las característica de una organización priista; de ahí que, entre otras cosas, el manejo discrecional de las cuotas de un sindicato gigante, haya resultado una fuente muy importante de recursos para sus líderes, y el liderazgo una posición fieramente defendida por unos y atacada por otros. Tras la descentralización educativa y el surgimiento de movimientos disidentes en Chiapas y Tabasco, en diciembre de 1979 surgió la CNTE. Se trató de un movimiento opositor al grupo controlador del SNTE. Sí “El Barzón” nació y se fortaleció en el norte del país, el sur fue y sigue siendo la gran base geográfica de la CNTE. La lucha de los maestros centistas ha sido difícil y siempre envuelta en la violencia. Un ejemplo del ambiente en que se formó la CNTE fue asesinato en 1981 de uno de sus fundadores: el profesor Misael Núñez Acosta; no sería, desde luego, el único en caer. Otros fueron secuestrados. La movilización, la violencia recibida y las también violentas respuestas, las huelgas y la toma de instalaciones en los estados y en la capital de la República, han acompañado siempre a la lucha del la CNTE por hacerle frente a los caciquismos y a los intereses creados del SNTE, y por darse un espacio en la negociación con las autoridades estatales y federales. Lo ocurrido el diez de diciembre, donde los maestros de la CNTE exigieron a los diputados atender una canasta de demandas que iban desde la anulación de las elecciones de la sección 18 en Michoacán, hasta la modificación al alza el dictamen que asignaba el ocho por ciento del PIB a la educación (piden el 12 por ciento), culminó no sólo con su irrupción en la Cámara sino cuando, tres días más tarde, forzaron a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a leer en tribuna su pliego petitorio como condición para levantar el bloqueo al Palacio Legislativo y dejar transcurrir en paz las sesiones.
El Duro Camino Mexicano a la Consolidación Democrática.- Un jinete enarbolando una gran bandera nacional, que rodeado de campesinos irrumpe con violencia en el Palacio Legislativo mientras se discute el presupuesto federal o maestros furiosos que sitian el Congreso e intentan forzar su entrada al salón de plenos, no pareciera ser la mejor manera de hacer avanzar al México post autoritario en la construcción de un arreglo político de calidad superior. Y sin embargo, lo más seguro es que ése sea el difícil camino por el que vaya transitar en el futuro inmediato nuestra modernización política. Sería deseable que el proceso se desarrollase de una manera más institucional y civilizada, pero las circunstancias históricas y económicas lo hacen casi imposible. No hay que desanimarse, mejor armarse de paciencia, sentido común, de las proporciones, de la historia y, sobre todo de la justicia. No es lo mejor que nos puede pasar, pero tampoco lo peor.