La mayoría de las opiniones autorizadas coinciden en que si bien los municipios tienen a su cargo los servicios públicos, por lo común cuentan con recursos limitados para atenderlos, de manera que están peligrosamente vinculados a los estados y a la federación, pues si éstos no los apoyan con los recursos que ordinariamente requieren para el fin antes mencionado, es seguro que no podrán cumplir con la ciudadanía.
Si existe consenso en el sentido antes mencionado, resulta obvio entonces, que la única solución, aunque sea a largo plazo, es que los municipios sean autosuficientes de manera que dependen lo menos posible de estados y federación para atender satisfactoriamente todos los servicios que corren a su cargo. Y si bien es cierto que nunca es grato para la ciudadanía contribuir con el pago de impuestos y derechos para tal efecto, también lo es que no existe otra forma de cubrir los servicios públicos.
Mencionamos lo anterior, en razón de las declaraciones hechas por el director de finanzas de Torreón, León Urow, en el sentido de que si se retira de la ley de ingresos municipal el rubro relativo al derecho de alumbrado público el ayuntamiento dejará de percibir la cantidad de treinta millones de pesos anuales, con lo que seguramente las finanzas locales sufrirían un serio quebranto y como consecuencia de ello el municipio podría entrar en una crisis de difícil solución.
Si el argumento para que se deje de cobrar ese derecho es el de que el servicio de alumbrado es deficiente, pero por las razones anotadas se advierte la necesidad de mantenerlo, en vez de cancelarlo, por qué no pensar en un organismo ciudadano que, coadyuvando con el municipio, se encargue de administrar esos recursos y vigilar que los mismos se apliquen debidamente para que la ciudad cuente con un buen servicio de alumbrado público. Porque simplemente cancelarlo, no parece ser una buena solución.