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MEXICO, D.F.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) amplió hasta el 29 de diciembre el plazo para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) responda por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del 2000.
Este periodo, de acuerdo con el senador Fidel Herrera, representante del partido ante el órgano electoral, permitirá al tricolor planear una estrategia para finiquitar el “Pemexgate” lo antes posible y así evitar repercusiones negativas en las elecciones del 2003.
Por su parte, el consejero electoral Mauricio Merino Huerta informó que al fijar el plazo, “el caso Pemexgate entraría en la etapa final de su investigación porque sólo le faltaría valorar los elementos que presente dicho partido”.
Asimismo, advirtió que aún no se puede hablar de ninguna sanción pero después de esta fecha (29 de diciembr) el IFE trataría de acelerar la resolución, para emitir en febrero la resolución y así evitar “que se contamine” el proceso de las campañas rumbo al 2003.
Merino Huerta comentó también que se buscará que la sanción al PRI no afecte a las condiciones de equidad que deben prevalecer durante la contienda electoral.
El pasado 29 de noviembre, el PRI fue emplazado por el órgano electoral a responder por el presunto desvío de recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida.
Ante ello, el partido solicitó una prórroga de 20 días que le fue concedida.
Concedida la ampliación, precisó el representante del PRI ante el IFE, su partido formulará una serie de argumentos encaminados a desechar la denuncia presentada por el perredista Pablo Gómez en enero pasado.
Como parte de su defensa, reveló Fidel Herrera, el tricolor enfatizará que el IFE no puede sustentar una queja en una averiguación previa iniciada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
“Esta información no es verdad plena, ni siquiera ha sido sometida a la valoración de un juez para que éste, en su caso, declarase una responsabilidad penal. Es decir, al no ser un asunto sentenciado carece de validez plena”, explicó.
A su vez, cuestionarán la intervención de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) en las investigaciones, aun cuando no se ha comprobado que el presunto delito se relaciona con el crimen organizado.
A esto se sumarán argumentos meramente electorales que el senador no quiso comentar.
Aunque no existe un plazo legal para que la Comisión de Fiscalización del IFE emita el dictamen correspondiente y que éste a su vez sea discutido y en su caso aprobado por el Consejo General del órgano electoral, Herrera aclara que la intención del partido es finiquitar el asunto lo antes posible, pues podría perjudicarles en los procesos electorales venideros.
“Nuestro requerimiento es que se aclare ya, porque esta infamia es una estrategia de mercadotecnia inscrita en la campaña electoral del 2003. El gobierno ha buscado rentabilidad electoral a través descalificando al adversario”, afirmó.