Los políticos tienen una agenda propia que pocas veces se traduce en un mayor bienestar para los ciudadanos de su país. En muchas ocasiones somos testigos de actos de exhibicionismo, acciones de corrupción, torpezas administrativas, parálisis legislativa y debates estériles que impiden la mejoría económica y social de una nación. Estos problemas, sin embargo, no se presentan con la misma intensidad en todos los países.
En algunos son muy severos y desembocan en descalabros económicos mayúsculos, como en Argentina y Venezuela. En otros son menos graves, pero no por ello dejan de ser obstáculos importantes para mejorar las perspectivas económicas de sus habitantes.
En México la población festejó el triunfo de Vicente Fox y de la democracia en el año 2000. Los electores, sin embargo, se olvidaron de que el triunfo de la democracia no necesariamente se traduce en un cambio económico favorable. Tampoco se percataron de que la democracia plena no sólo consiste en cambiar el partido al que pertenece el Presidente, sino más importante aún, la composición y - principalmente - la calidad del Congreso.
La gran mayoría de las reformas estructurales que necesita el país requieren de decisiones muchas veces impopulares y difíciles. Los legisladores, sin embargo, no fueron elegidos con el cuidado suficiente para garantizar un debate económico de altura. Por el contrario, la selección de los candidatos se sigue haciendo con la mecánica tradicional que dominan los líderes políticos de siempre, sin tomar en cuenta capacidades y preparación de los posibles representantes populares.
Eso explica la proliferación de legisladores como Manuel Bartlett del PRI y Marti Batres del PRD, mañosos y oportunistas, reliquias de un pasado que deberíamos dejar atrás, con poco o nulo conocimiento de los temas técnicos de alta relevancia para el país, pero muy hábiles para prolongar la parálisis legislativa y promover sus intereses o las agendas políticas de sus partidos. La ignorancia y el oportunismo, sin embargo, no son feudos exclusivos del PRI y el PRD. También existen en legisladores del PAN. El ejemplo más reciente de ignorancia económica le corresponde al diputado Miguel Ángel Martínez Cruz del PAN, quién presentó recientemente una iniciativa que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito. El propósito de la misma, según el diputado Martínez, es eliminar ?el pacto de anatocismo que la banca hace firmar a los deudores bancarios?. En su exposición de motivos reconoce que la Suprema Corte resolvió hace casi cuatro años que el anatocismo es legal porque la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no prohíbe esta figura. El diputado Martínez consideró que esto es ?una aberración?, por lo que pretende reformar dicha ley a fin de prohibir completamente la capitalización de intereses. En concreto, quiere adicionar el Artículo 298-Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para dejarlo de la siguiente manera: ?Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses ni aún bajo el esquema de créditos adicionales para el pago de intereses?. El diputado Martínez Cruz considera que ? eliminar el anatocismo? (es una) ventaja para los deudores?, mientras que a las instituciones bancarias, ?se les quita?un negocio inmoral?. Inmoral es que los mexicanos sigamos soportando legisladores que, como el señor Martínez, proponen reformas de temas sobre los que carecen del mínimo conocimiento. Como si no fueran suficientes los obstáculos al desarrollo del país que crean Bartlett, Batres y compañía, ahora aparece este analfabeto financiero que envía una iniciativa de ley sin la menor idea de los principios básicos del proceso de intermediación financiera.
La propuesta del diputado Martínez muestra una profunda ignorancia de aspectos elementales del tema: por ejemplo la existencia de dos lados en el balance bancario. Oponerse a la capitalización de intereses para los deudores, equivale a hacerlo igualmente ilegal para los ahorradores. Esto es lo mismo que prohibir que los ahorradores reciban intereses por los intereses que dejan en sus cuentas bancarias. Este diputado, además de no entender estos conceptos financieros elementales, desconoce la realidad internacional sobre este asunto. El hacer ilegal la capitalización de intereses no tiene paralelo en el mundo moderno y sería sometida de inmediato al juicio implacable y devastador del mercado.
Los inversionistas impondrían un castigo muy severo a la economía mexicana, reduciendo la disponibilidad de ahorro y encareciendo el crédito (en vez de abaratarlo como ingenuamente cree el diputado Martínez), con repercusiones substanciales sobre las posibilidades de crecimiento del ingreso y el empleo en el país. Espero, por tanto, que impere la prudencia en esta legislatura y rechace la iniciativa del diputado Martínez. Este episodio, sin embargo, es, junto con los bloqueos a las reformas fiscal y energética, un ejemplo adicional de la urgente necesidad de que el año próximo elijamos legisladores sólidamente preparados, con la suficiente honestidad intelectual para consultar los asuntos técnicos con especialistas económicos y financieros (como se hace en los países desarrollados), antes de oponerse por capricho a las reformas estructurales o proponer cambios legislativos que serían contraproducentes para el bienestar de la población.
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