MÉXICO, D.F., La Sección Instructora de la Cámara de Diputados analizará las nueve solicitudes de desafuero que hay en sus archivos, entre ellas la de los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera, y emitirá los dictámenes antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.
Ayer fue instalado este órgano legislativo y sus integrantes decidieron que será el próximo lunes cuando reciban los expedientes con las solicitudes de declaración de procedencia.
En una reunión privada, los cuatro diputados integrantes de la Sección Instructora convinieron en que el mejor mecanismo para analizar los expedientes es hacerlo en forma simultánea.
Sin embargo, será hasta la próxima semana cuando decidan el orden de radicación de las solicitudes, es decir, la fecha con la que empezarán a ser analizados y el orden que se seguirá.
La radicación es el primer paso para el análisis de las solicitudes y es a partir de ella, cuando empieza a correr el tiempo de elaboración de dictamen y presentación al pleno de la Cámara de Diputados.
La reunión sirvió para revisar asuntos administrativos. Así, la Sección Instructora conoció sus oficinas, que estarán ubicadas en el primer piso del edificio “F” y determinó no solicitar un presupuesto a ejercer, sino recurrir directamente a la Secretaría General para la contratación de personal y la compra de los insumos necesarios.
Al término de la reunión el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que será el próximo lunes, después de la recepción de los expedientes cuando podrá hacerse el anuncio de la manera en que se analizarán los casos y el orden que se seguirá.
Explicó que, en principio, esta sección necesita un secretario técnico, auxiliares, auxiliares administrativos, mecanógrafos y estenógrafos para realizar sus trabajos y que todo ello les será proporcionado por la Secretaría General. Antes de la reunión privada de trabajo la sección se instaló de manera pública. Ahí, su presidente, Ricardo Moreno Bastida, dijo que es una “gran responsabilidad” instalar esta instancia legislativa.
“Por ello considero oportuno dejar claro que los principios de actuación que deberán normar la conducta de todos los integrantes de la Sección Instructora deberán ser los de legalidad, imparcialidad, certeza y confidencialidad”, refirió.
Además, expuso que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos acota las atribuciones de la Sección Instructora y su objeto es remover o no un obstáculo procesal para proceder penalmente contra un acusado, es decir, quitar el fuero del que gozan los acusados.
“La Sección Instructora, por definición, no es un tribunal”, aseguró Moreno Bastida.
El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Andrade Sánchez, dijo que el criterio común es que se proceda simultáneamente al análisis de los expedientes, “sería insostenible, inexplicable, decir que tiene que terminar, por ejemplo uno, para que empiece el segundo, no, no es así como funcionan los tribunales, por ejemplo, los tribunales funcionan si les llega carga de trabajo de golpe y tienen que desahogarla”.
Andrade dijo que aún no es posible calcular el tiempo de desahogo de los nueve casos. “Sinceramente creo que no debemos caer en dar respuestas ante una presión natural, normal, de los medios que quieren saberlo, porque podemos incurrir en una irresponsabilidad, ni siquiera hemos contado las fojas, por ejemplo, de algunos de los expedientes, de manera que habría que tener ese dato primero antes de dar alguna posibilidad de tiempo”.