México, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las primeras reformas de la miscelánea fiscal del 2003 donde no se prevén cambios importantes, y entre las que destacan la Ley de Derechos, la Ley Aduanera y la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Con 441 votos a favor y una abstención, fue avalada la Ley Federal de Derechos que actualiza las tarifas por el ingreso de turistas; el uso de agua; y el acceso a las zonas de reserva ecológica, entre otras medidas.
Esta ley le dará al Gobierno Federal ingresos por 13 mil 853 millones de pesos en 2003, gracias a conceptos como el Derecho de no Inmigrante que se cobrará a los turistas extranjeros, recursos que se emplearán para proteger a las áreas naturales protegidas.
Durante la sesión ordinaria de ayer se aprobó la reforma actualiza el monto de 190 pesos a 210 pesos, es decir 20 pesos adicionales como impuesto para los extranjeros que ingresen al país por más de seis días.
Los ingresos por este concepto se redistribuyen en un fondo para canalizarse 46.5 por ciento para el Instituto Nacional de Migración; otro 46.5 para la Secretaría de Turismo.
El diputado del PAN, César Monraz Sustaita, explicó que el restante será para la Semarnat, en especial para el Fondo de Conservación de Áreas Naturales Protegidas.
En entrevista, luego de la aprobación de la Ley de Derechos comentó que en el dictamen fue borrada la propuesta de la Secretaría de Hacienda para que se cobraran mil pesos a los turistas de nacionalidad estadounidense y sólo quedó en 210 pesos.
La propuesta del Ejecutivo Federal buscaba la reciprocidad y equidad ante el gobierno de ese país que cobra a los connacionales 100 dólares por el trámite de una visa consular.
Asimismo, se redujo de mil 20 pesos a sólo 15, la cuota para las personas que usen embarcaciones y pretenden ver ballenas; y se elimina la tarifa única de 20 pesos aplicada este año para el acceso a las áreas naturales protegidas.
De igual forma a partir de 2003 se deja en libertad a los administradores de dichas zonas para que, con base en estudios de evaluación económica y social, fijen el monto a cobrar.