Conforme a la célebre expresión, el asalto a San Lázaro fue, más que un crimen, una tontería. Pero es también otras cosas: es muestra extrema de una tensión del ánimo que se generaliza en el campo; es una revuelta contra las instituciones de la aún precaria democracia, es una provocación para que actúe y crezca el autoritarismo político y social. Y es, finalmente, un acto de deslealtad contra los aliados de los asaltantes al Congreso.
1) Sería insensato ignorar que la producción rural, salvo casos aislados de productividad creciente y buenos mercados, es una actividad asediada por muchos factores adversos. La condición azarosa que le es propia se ha acentuado de modo determinante al grado de que cosecheros y criadores no obtienen con su trabajo ni siquiera el dinero invertido, y menos aun la remuneración de su esfuerzo. Se comprende que ello dé lugar a la exasperación se comprende. Es urgente, por lo tanto, buscar que las instituciones reconozcan la desazón rural y la encaren con medidas concretas. Es irresponsable trivializar lo que ocurre a los campesinos o atribuir su protesta a sólo manipulación política. Cuando la hay, tiene tela de dónde cortar.
2) Un ataque físico a la Cámara nunca es admisible. Mucho menos lo es en la circunstancia presente. Quizá recogiendo las lecciones del año pasado, esta vez los diputados estaban siendo, en el estudio y aprobación de las normas fiscales, al mismo tiempo prudentes, puntuales y sensibles. Se preveía no dejar temas pendientes para un periodo extraordinario, no para que Beatriz Paredes concluyera su periodo al frente de la Mesa Directiva dejando la tarea hecha, sino para ofrecer a la sociedad la señal de un trabajo responsable cumplido a tiempo. Importa prestigiar al Congreso para que la reputación de sus integrantes no se deteriore y acrediten, en cambio que efectivamente representan a la población y gestionan los intereses de la mayoría. Algunos ajustes a la Ley de Ingresos (como no gravar el uso de gas combustible, por ejemplo) mostraron a los legisladores atentos a las consecuencias de sus actos, a fin de evitar que sea perjuiciosa.
En esa circunstancia, atropellar el edificio parlamentario interrumpió las tareas, introdujo factores de discordia entre las bancadas, necesitadas de arribar a acuerdos; y ofreció al público, por un lado la imagen de un poder negado a dialogar con los ciudadanos y por otro la de legisladores medrosos que requieren el auxilio de la fuerza pública para que resguarde su seguridad. Nada de lo cual contribuye a fortalecer al poder legislativo.
3) Sobre la irrupción violenta a la Cámara cayó, con justeza y de inmediato, una condena generalizada. No podía ser de otra manera. Pero de la necesaria y adecuada reprobación; y de la debida exigencia de aplicación de la ley a los infractores, puede pasarse con facilidad a la demanda autoritaria de imponer orden a como haya lugar. Un conservadurismo fundado en el miedo recibe con agresiones como la del martes alimento a sus temores, y renueva sus convicciones de que debe ponerse fin a este género de abusos por cualquier medio, sin detenerse en la mesura a que obliga la legalidad.
4) Los barzonistas y miembros de la disidencia magisterial que causaron destrozos incurrieron en deslealtad con sus aliados, y los exponen a que se les considere practicantes de un doble lenguaje, pues por un lado son partidarios del diálogo y las soluciones institucionales y, por otra parte, cohonestan la violencia improductiva, la que sólo genera enconos e inquinas.
El Barzón, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la sección 22 del sindicato del magisterio habían acordado con otras fuerzas políticas iniciar una jornada de lucha unitaria, cuya primera expresión sería una marcha a San Lázaro, al cabo de la cual sus representantes serían recibidos por legisladores, a quienes expondrían sus razones y los modos de atenderlas. Apartándose de ese acuerdo al que voluntariamente se habían sumado, los practicantes de la acción directa se anticiparon y con su atentado impidieron la realización de aquella cita, que daba sentido político real y eficaz a la movilización. No es esa la estrategia de la Unión Nacional de Trabajadores, principal impulsora del nuevo frente.
El asalto antiparlamentario dejó en mala posición al Partido de la Revolución Democrática, por el hecho mismo y por el abuso propagandístico en su contra, que practica sobre todo el PAN. La presidenta de aquel partido Rosario Robles había ofrecido apoyo político y financiero a las movilizaciones campesinas, como las de El Barzón y la UNTA, pero obviamente no de modo incondicional y cualquiera que fuese el talante de esas movilizaciones. Aunque de modo permanente el PRD debate consigo mismo entre ser un movimiento o un partido y suele resolver mal su pretensión de conciliar ambas inclinaciones, es claro que no puede acompañar a sus miembros y sus aliados en la ilegalidad, menos aun en la ilegalidad agresiva. El martes mismo el comité nacional perredista afirmó que “reprueba los actos violentos” e hizo “un llamado a los grupos campesinos a privilegiar el diálogo razonado antes que cualquier acto que desprestigie sus justas demandas”.
Pero el PRD está urgido de ir más allá. Tiene que deslindarse enfáticamente de esas acciones. Tiene que probar, tanto en su interior como frente al resto de los partidos, las instituciones y la sociedad su convicción de que el chantaje violento no es rentable, para no propiciar su práctica.