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ZACATECAS, ZAC., - De manera inesperada, las carencias en la formación de los estudiantes de Derecho ante el auge que ha habido de escuelas públicas y privadas que imparten esta carrera, se convirtió en uno de los temas centrales que se discutieron durante el tercer Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura.
Y es que los encargados de la administración y vigilancia de los poderes judiciales de 17 países de Iberoamérica coincidieron con una ponencia que dictó durante este evento el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés, quien consideró que algunos de los problemas que enfrentan los jueces en los procesos judiciales se debe a la mala formación de algunos abogados.
Lo anterior, porque se ha vuelto una práctica un tanto común que en ocasiones durante los juicios, algunos abogados empleen como estrategia intentar engañar a los jueces o a sus clientes, e incluso a ambas partes.
El tema de la educación de los estudiantes de Derecho también se retomó por el hecho de que las universidades no preparan a quienes cursan esta carrera para que se desarrollen como jueces, de tal manera que es a los Consejos de la Judicatura a los que les corresponde brindar esta preparación a través de escuelas judiciales.
Por otra parte, durante su ponencia el ex procurador general de la República, destacó el hecho de que en Iberoamérica la figura de los Consejos de la Judicatura han sido parte fundamental del nuevo proceso que está llevando a tener poderes judiciales más fuertes, lo cual a su vez a generado que los órganos de impartición de justicia se hayan convertido en los garantes de la legitimidad en el desarrollo de los temas políticos.
En este sentido, por lo que respecta al caso de México, durante el acto de inauguración del encuentro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, destacó el hecho de que a ocho años de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) este nuevo organismo ha cumplido satisfactoriamente con el cometido que le fijó la reforma de 1994.
Góngora Pimentel estimó que a raíz de la creación del CJF se han profesionalizado las actividades de administración, disciplina y vigilancia de los jueces y magistrados, al mismo tiempo que al retirarles estas atribuciones se logró que los juzgadores hayan fortalecido sus tareas de impartición de justicia.