SAN PEDRO, COAH.- Los comercios establecidos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas recibieron la autorización del Cabildo para abrir sus puertas durante los domingos del mes de diciembre, como tradicionalmente se hace cada año, a fin de que incrementen sus ventas y como una manera de contrarrestar la venta clandestina que se registra.
Dicho planteamiento fue hecho por escrito por parte de las agrupaciones locales de comerciantes de este tipo durante la sesión de Cabildo celebrada el viernes por la tarde, a la cual asistió la totalidad de regidores y el Síndico, quienes aprobaron por unanimidad la solicitud.
El permiso autoriza abrir en horario normal los domingos de diciembre, así como ampliar el horario hasta las 4 de la madrugada los días 24 y 31.
Como es conocido, desde hace años en el Estado de Coahuila impera la Ley Seca Dominical, pero los comerciantes de varios municipios, entre ellos San Pedro, solicitan a sus autoridades la autorización de la apertura de sus negocios en el mes de diciembre y tradicionalmente se les ha concedido.
Además se ha visto que con esta medida contribuyen a disminuir la venta de licoreros clandestinos, quienes se constituyen en una competencia desleal contra los vendedores establecidos.
Los comerciantes de bebidas alcohólicas fueron notificados de la aprobación el mismo viernes y ya el pasado domingo hicieron efectiva la autorización, la cual se prolongará hasta el domingo 29.
En la misma sesión de Cabildo, los integrantes del R. Ayuntamiento acordaron revisar la lista de los beneficiarios con los pies de casa del nuevo fraccionamiento Francisco I. Madero, ante una queja presentada por el regidor perredista José González Palacios en el sentido de que habían beneficiado con ese programa solamente a empleados del Municipio o parientes de éstos.
Tras comentar que hay trabajadores de la Presidencia que sí tienen necesidad de un beneficio de este tipo, el Cabildo en pleno aprobó la revisión de la lista de beneficiarios y solicitar a las autoridades correspondientes –en este caso el Instituto Estatal de la Vivienda- borrar de la misma a aquellos cuya posibilidad económica fuera mayor que la determinada por la normativa del mismo programa.