Los gobernadores priistas y perredistas se negaron a ir a Los Pinos el lunes 21, para tratar con el presidente Fox la disminución de las participaciones a los estados como consecuencia de la disminución en la captación fiscal.
De acuerdo con la ley, si la recaudación fiscal es menor a la estimada en el presupuesto, el Gobierno federal tiene facultades de disminuir las partidas para los estados y las secretarías, hasta en un porcentaje igual al de la disminución de la recaudación.
Eso fue lo que hizo el Gobierno federal.
Los gobernadores priistas y perredistas se niegan a dialogar porque el Presidente no les respondió en la fecha y a la hora que ellos determinaron aceptando regresar las partidas que se habían disminuido debido a la pobre recaudación fiscal. Eso no es diálogo, eso es chantaje.
El Ejecutivo ha dicho que no puede modificar el presupuesto, porque es atribución de las Cámaras y está en lo correcto. Invitó a los gobernadores a dialogar. En respuesta exigieron que aceptara de antemano que iba a otorgar las partidas que se habían disminuido. ¿De qué iban a dialogar si para hacerlo el Presidente ya había aceptado (en forma ilegal) regresar los fondos?
Curiosamente fueron los diputados del PRI del PRD los causantes de la situación al no permitir que hubiera una reforma fiscal real.
El PRI y el PRD no quieren que aumenten los impuestos, pero cuando la recaudación disminuye quieren los gobernadores de los mismos partidos tener su presupuesto completo.
¿De dónde puede salir? ¿quieren el PRI y el PRD que se complete el presupuesto con préstamos del extranjero? ¿qué alternativa proponen?
Como estrategia política para las elecciones del año que entra no puede uno menos de reconocer la astucia.
Los costos políticos de un aumento de impuestos los carga el Gobierno neoliberal y entreguista que lo único que le importa es estar en línea con la Casa Blanca. Los patriotas diputados de la oposición se lo impidieron y los costos políticos de la disminución de las participaciones también la carga el Ejecutivo que con su centralismo político se niega a cumplir los reclamos de una verdadera federación. Los gobernadores patriotas exigen que se les entregue el presupuesto completo. La insensibilidad de un Gobierno de Derecha no percibe el peligro de reacciones sociales violentas que llevarían a México a una crisis política muy seria.
El problema está planteado en la Constitución y en la Ley de Hacienda que configuró el PRI en sus setenta años de hegemonía.
Es responsabilidad y privilegio del Gobierno federal hacer el presupuesto tomando en cuenta las necesidades de la federación y de los estados y una vez aprobado por el Congreso, hacer la recaudación y repartirla a nivel federal y estatal, quedando en manos de los gobiernos estatales repartir los fondos a los municipios.
El centralismo presidencial que está en las leyes, se ejercía precisamente con el control del presupuesto. Los gobernadores que seguían las políticas dictadas desde Los Pinos, tenían su presupuesto completo, al contrario, a los que no seguían la línea, se les cerraba la llave, hasta provocar, cuando así se decidía, que el mandatario estatal renunciara o pidiera licencia. El problema se terminaba con el regreso al redil.
Hacer la recaudación tiene aspectos negativos: desde ser connotado como terrorista fiscal, luchar con los contribuyentes morosos o tramposos, enfrentar constantemente el descontento que provocan los impuestos, que por eso se llaman así. Hacer el reparto también los tiene: fundamentalmente la presión de los secretarios de Estado y de los gobernadores pidiendo siempre aumentos de presupuesto para hacer frente a las carencias que el país tiene: educación, vivienda, trabajo, seguridad social, comunicaciones, etc.
Es muy fácil para los gobernadores extender una mano para recibir de la federación y con la otra aparecer como Santos Reyes realizando sin ningún costo ni riesgo para ellos las obras públicas y sociales promovidas. Pero eso sí, si no los dan, la culpa es de la federación, que no cumple lo que promete y quién sabe en qué gasta todo ese dinero que saca del Estado.
Ante la sugerencia del Gobierno federal de que los estados cobren sus propios impuestos, no hay ni un solo estado que lo acepte y como están las cosas parece que ninguno esté dispuesto a hacerlo.
Repartir sin riesgo es capital político para el futuro. Cobrar y distribuir siempre está bajo la amenaza de favoritismos, corrupción, injusticia y ser un mal gobernante.
Y México ¿qué?