México, D.F.- La oficina del senador priista Manuel Bartlett distribuyó a sus compañeros de fracción un proyecto de dictamen sobre el sector eléctrico.
En él establece que el sector eléctrico es un servicio público, la participación privada es restringida, los productores independientes obtendrían permisos hasta por 30 años, no cargar el subsidio de los consumidores al presupuesto de la CFE y el director de este organismo sería electo por el Senado a propuesta de una terna del ejecutivo.
Cuando el tiempo se está agotando para aprobar en este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión la reforma eléctrica, hay ya un documento que ha comenzado a circular y que está titulado como "Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía, Gobernación, Estudios Legislativos Primera y Hacienda".
Desde el viernes se ha hecho llegar a los despachos de los senadores priistas y, el remitente, de acuerdo con quienes ya tienen el documento, es Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La senadora Laura Alicia Garza Galindo, del PRI, quien ha venido participando en la coordinación para el análisis de esta reforma, aseguró que todavía no hay ningún dictamen ni proyecto de dictamen, "sólo iniciativas".
Según el dictamen, las iniciativas que se reforman y adicionan son: Ley que crea la Comisión Reguladora de Energía, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Planeación, Ley de Obras y Servicios, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y Ley Reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El texto termina con los siguientes resolutivos: l. Es de aprobarse la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI para reformar, adicionar y crear disposiciones varias en materia de energía eléctrica.
2. Con apego al procedimiento constitucional para la creación de leyes, envíese la iniciativa a la Cámara Baja para su discusión y aprobación en su caso, y continúese con el proceso legislativo correspondiente.
El documento hace una defensa del servicio público eléctrico, de las empresas como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Basado en lo que sería la nueva norma en esta materia, las describe como empresas sui géneris, "ya que se eliminaría la intervención de muchas esferas del gobierno federal en decisiones que las han llevado a una parálisis".
Se hace en el dictamen una crítica al comportamiento de la iniciativa privada, sobre todo la de capital extranjero, para justificar la negativa a que se abran las puertas de la industria eléctrica a los grandes inversionistas.