“El nacionalismo es una enfermedad que se quita viajando”.
Pío Baroja
El juez español Baltasar Garzón, el mismo que trató de extraditar a España al ex dictador chileno Augusto Pinochet, ordenó el 26 de agosto la suspensión de actividades de Batasuna, un partido político vasco que aparentemente tiene lazos con la organización terrorista ETA. El juez Garzón no se ha limitado a suspender los derechos de Batasuna, ha prohibido además las manifestaciones públicas a su favor. Al mismo tiempo el Parlamento español ha pedido al gobierno de José María Aznar que “ilegalice” o prohíba definitivamente ese partido político. El hecho que ha motivado esta ofensiva contra Batasuna es que se ha negado a condenar los atentados criminales de ETA.
No tengo dudas de que hay lazos entre ETA y Batasuna. Pero esos lazos no están legalmente comprobados y la proscripción de un partido político por no condenar unos atentados es una grave violación a la libertad de pensamiento. Ante una amenaza fascista, el juez Garzón y el Parlamento español reaccionan con un acto fascista.
Durante años he condenado en estas páginas las acciones de ETA. Me parece inaceptable que una organización persiga sus propósitos políticos asesinando a inocentes, muchos de ellos niños. Tampoco acepto los homicidios de policías, funcionarios públicos o periodistas que no están de acuerdo con la posición de ETA. Me parece terrible que las amenazas hayan obligado a profesores universitarios, concejales y periodistas a vivir atados a la presencia perenne de guardaespaldas. Respaldo todo esfuerzo legal del Estado español para perseguir y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de ETA. Pero no puedo aceptar la proscripción de un partido por un crimen de conciencia.
Independientemente de la parte ética, desde un punto de vista práctico la decisión es desastrosa. El 10 por ciento de los vascos votaron el año pasado por Batasuna en sus elecciones regionales. Apenas en 1998 el partido, bajo otro nombre, Herri Batasuna, consiguió el 18 por ciento de los sufragios. Cerrar las puertas a la representación política de la opción independentista sólo arreciará la sensación de cientos de miles de vascos que aspiran a la independencia que para conseguir sus propósitos no tienen más opción que la violencia.
Me parece poco sensata la independencia del País Vasco, un grupo de tres provincias con poco más de dos millones de habitantes. El actual régimen democrático español le ha dado al País Vasco una autonomía inusitada. El gobierno vasco establece sus propios impuestos y tiene su propia policía y sus servicios públicos. Los vascos pueden usar el vascuence -antes virtualmente olvidado— en la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana. Las únicas áreas donde Madrid mantiene un control completo son las fuerzas armadas y las relaciones exteriores. Pero entiendo que el anhelo de independencia de una nación rebasa siempre cualquier consideración pragmática.
El juez Garzón y los legisladores que han optado por la proscripción de Batasuna están cayendo en el error que las autoridades británicas cometieron con Irlanda. Al reprimir con dureza el movimiento independentista irlandés, lo único que consiguieron fue persuadir a la opinión pública irlandesa —hasta entonces tibia ante la independencia— de la necesidad de romper los lazos con el Reino Unido.
Hasta ahora los vascos han mantenido a Batasuna y a los anteriores representantes políticos de ETA en un nivel de apoyo electoral inferior al 20 por ciento. Pero el Partido Nacionalista Vasco, mucho más moderado que Batasuna, ha sido desde hace años el más votado por los vascos. El gobierno central español se niega a considerar siquiera la posibilidad de un referéndum de independencia, como los que han tenido lugar en Québec, ya que la Constitución proclama la indisolubilidad del Estado español. Pero con esta posición no ha hecho más que alimentar el fuego de los grupos más radicales.
En estos tiempos modernos es absurdo recurrir a la violencia para combatir a un régimen tan benigno como el de Madrid. La violencia de ETA no tiene razón de ser. Pero las acciones del juez Garzón y de los legisladores españoles, si bien fundamentadas en una justa indignación por los crímenes de ETA, no harán más que empujar este conflicto a un punto de rompimiento que después todos lamentarán.
Deuda
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aumentado la deuda del Distrito Federal de 28,650 millones de pesos en diciembre del 2002 a 31,953 millones de pesos a fines de junio de este año. En 1994 la deuda apenas sumaba 1,473 millones de pesos. El priísta Óscar Espinosa Villarreal la llevó a 12,000 millones de pesos. El resto del incremento ha sido obra de los gobiernos perredistas.