La noticia según la cuAl los diputados de Coahuila se asignaron percepciones para el mes de diciembre que suman cuatrocientos sesenta mil pesos, que incluyen un bono de marcha o retiro, es un dispendio ofensivo. Es bueno que los funcionarios públicos estén bien pagados como consecuencia de una mejor preparación, una mayor exigencia en cuanto a su rendimiento y como garantía de probidad al ejercer su trabajo, sin embargo, es menester no tocar extremos.
Los puntos de referencia que deben regular la asignación de salarios de los funcionarios y empleados de gobierno, tienen que ver con las condiciones del mercado laboral del sector productivo, que en última instancia es el que paga impuestos. A esa luz, resulta obligado preguntar cuántos de nuestros diputados son capaces de obtener en la calle un empleo común, que les permita obtener ingresos similares a los que reciben al cobijo del erario público.
Por otra parte, resulta obligado el ejercicio de multiplicar la exagerada cantidad referida con antelación, por el número de diputados que en nuestro estado son treinta y dos y serán treinta y cinco a partir de enero. Al resultado aritmético hay que agregar el costo también exagerado de los consejeros electorales y muchos otros ejemplos, que obligan a hacer un análisis crítico de la nómina de servicios personales del gobierno en los niveles de cúpula, con el saludable propósito de reducir su monto.
Esta tarea que junto a otras relativas a la reducción del gasto público en todos sus rubros es asignatura pendiente y ello explica que ningún recurso sea suficiente ni alcance a nuestros gobernantes. La sociedad mexicana en cambio, en todos sus rangos y sectores, a querer o sin ganas ha tenido que aprender y aplicar el principio de “hacer más con menos recursos”, que el Gobierno insiste en predicar pero no suele asumir.