A casi todo el mundo, incluidos algunos de sus miembros, disgustó el que las bancadas y la dirección del Partido de la Revolución Democrática salieran el domingo en la noche del recinto legislativo a la hora en que concluía la lectura del segundo informe del presidente Fox. Me cuento entre quienes hubieran esperado un comportamiento distinto de los grupos parlamentarios perredistas, en congruencia con su decisión de no interpelar ni interrumpir con ánimo pueril las palabras presidenciales. Pero disto de considerar que se marcharon como expresión de mero berrinche. Su actitud mostró de un modo impertinente una realidad política y jurídica tan intrincada que mantiene virtualmente sin gobierno a la Cámara de Diputados, que aplazó hasta mañana el comienzo de sus sesiones, en espera de alcanzar las decisiones no conseguidas en agosto.
A partir de 1999 el Congreso se rige por una ley orgánica que recogió la pluralidad creciente producida por la voluntad de las urnas. Dos años atrás se hizo imposible aplicar la legislación previa, concebida para el control permanente de un solo partido. La nueva ley estableció para la Cámara de Diputados tres órganos de gobierno, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada esta última por el presidente de la mesa y el pleno de la junta. La Junta se compone por los coordinadores de los grupos parlamentarios, cinco en la actualidad. Como ninguna fracción tiene la mayoría absoluta, “la responsabilidad de presidir la junta tiene una duración anual”, dice el artículo 31, numeral 3 de la ley orgánica, que estipula además que esa “encomienda se desempeñará sucesivamente por los coordinadores de los grupos, en orden decreciente del número de legisladores que los integren”.
De ese modo, en el primer año presidió la Junta Beatriz Paredes, como cabeza de la fracción más numerosa, en el segundo lo hizo Felipe Calderón, de Acción Nacional, y desde anteayer lo hace Martí Batres. En ese caso se ha cumplido estrictamente, como no podía ser de otra manera, la norma vigente. La mesa directiva se elige también cada año. Hasta septiembre de 1999 en que entró en vigor el nuevo ordenamiento, dicha mesa era elegida mensualmente. Por esa razón sólo ha habido cuatro mesas directivas con duración anual, encabezadas por el panista Francisco Paoli, al final de la pasada legislatura; y en ésta por Ricardo García Cervantes, panista también, y Beatriz Paredes, que debió concluir sus funciones el 30 de agosto, fecha en que se efectuó la sesión preparatoria de este año. Su mandato recibió ya, de hecho, dos extensiones: de 24 horas una, pues se aplicó un texto referido sólo al caso del primer año de la legislatura, que establece como último plazo para elegir mesa directiva las 12 horas del 31 de agosto; y de seis días la segunda, que concluye mañana. La mesa directiva debe ser elegida por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, 332 respecto del total de 500 legisladores que debaten en San Lázaro. El PRI y el PAN están casi empatados (208 y 206 diputados respectivamente) y se requiere el acuerdo de ambos para la elección, que en años anteriores se resolvió tersamente. Esta vez no, porque en simetría acordada, a una presidenta priísta (que reemplazó a un panista) debía sucederla un diputado perredista. Impedido Martí Batres (porque encabezará la Junta) su partido propuso a Erick Villanueva, diputado por segunda vez, que fue vicepresidente en la mesa anterior.
Acción Nacional, sin embargo, se apartó de lo convenido al descubrir, como si lo ignorara cuando se pactó lo contrario, que el PRD tendría de ese modo, en el tercer año de la legislatura, la presidencia de los tres órganos de San Lázaro. Rehusó, por lo tanto, apoyar esa posibilidad, en cuya defensa el grupo parlamentario del PRI no puso especial entusiasmo. De ese modo se ha llegado a un callejón sin salida. Pudo haberla habido de tener curso una combinación que permitiera satisfacer los intereses encontrados: que Villanueva contestara el informe, como vicepresidente en funciones, y otra u otro diputado asumiera al día siguiente la presidencia de la Cámara. Pero no fue así, entre otros factores por disensiones internas en las bancadas más grandes, que cerraron el paso a García Cervantes en Acción Nacional y a Beatriz Paredes en el PRI, que sólo pudo presidir la sesión de apertura por efecto de la ley, pero difícilmente permanecerá un año más en la mesa directiva.
Una laguna legal impide aplicar un mecanismo adecuado para romper el impasse en que puede hallarse la Cámara, salvo que PAN y PRI trasladen a San Lázaro la voluntad de aproximación de que dieron muestra en otros ámbitos. De no ser así, el pleno tendrá que interpretar su ordenamiento y quizá aplicar el mecanismo previsto para el primer año de una legislatura, aunque se trate del tercero. Me refiero a la mesa de decanos. En recuerdo de la disputa de 1997, en que el PRI despechado pretendió instalarse por su cuenta, la ley de 1999 atribuyó autoridad a los diputados de mayor experiencia y mayor edad, para que suplan la falta de acuerdos como la que ahora se produce. Cierto es que tajantemente se prevé que no podrá actuar esa mesa más allá del 5 de septiembre, pero de algún modo habrá que colmar la laguna legislativa. Si no me equivoco, presidiría la mesa de decanos Augusto Gómez Villanueva, que es diputado por quinta vez y además fue senador.