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Campañas electorales

Luis F. Salazar Woolfolk

En la recta final del proceso electoral en Coahuila, procede una reflexión sobre las campañas en el marco de una legislación injusta impuesta por el gobierno estatal y su partido, que enfrenta a sociedad y estado.

La integración de un órgano rector de las elecciones dependiente del Gobernador, las limitaciones de la ley a la participación ciudadana y a la observación electoral, la intromisión del gobierno en la vida de los partidos y la reducción de los tiempos de campaña, fueron concebidos para amordazar y atar de manos a ciudadanos, partidos y candidatos, en aras de asegurar el predominio de “carro completo” para el PRI, bajo el lema amenazante: “vamos por más”.

En el caso de Torreón, el gobierno impuso a una candidata que responde al proyecto político sectario del grupo en el poder, a despecho de los priístas locales que pidieron un proceso de selección democrático y con reglas iguales para todos y a despecho de la ciudadanía en general, que exige candidatos que propongan un proyecto incluyente de gobierno y no meramente partidista o faccioso.

Desde un principio, el gobierno del estado ha dado por hecho el triunfo de la candidata del PRI y por ello, la candidata no compareció a los debates organizados por los medios de comunicación, las universidades y los organismos empresariales. Los promotores de la candidata priísta, se dedicaron a exagerar su imagen estética y la denigraron, al presentarla aislada en una burbuja.

En ese marco de referencia, la estrategia del gobierno de Enrique Martínez apuesta todo al viejo voto corporativo a manipular con recursos públicos el mero día de las elecciones y a una campaña en contra del PAN, basada en el alza de las tarifas eléctricas, como efecto de la supresión de los subsidios al consumo decretada por el gobierno federal.

La guerra sucia asumida en público por sus autores y en parte anónima, es financiada con recursos de oscuro origen, fuera del control del gasto electoral y de cualquiera otra forma de supervisión. La campaña apuesta a estimular los instintos básicos negativos del votante, al que considera privado de razón y capacidad, para entender que la quiebra ancestral del sector eléctrico en México, es responsabilidad de viejas políticas equivocadas y del alto grado de corrupción revolucionaria e institucional de los gobiernos y de los sindicatos priístas.

El abuso del tema ha sido tal, que el desprestigio revierte en contra de los autores, en la medida en que los ciudadanos observan a un PRI aferrado al pasado, que apuesta al fracaso de la transición, empeñado en oponerse a las reformas estructurales que México necesita y en particular, por lo que hace al sector eléctrico, al que la bancada priísta en el Congreso de la Unión, niega la reforma constitucional que abra las fuentes de financiamiento privado que requiere el desarrollo nacional. En pocas palabras, un PRI que no trabaja y que no deja trabajar.

La estrategia de las tarifas eléctricas ha contaminado el proceso electoral de Coahuila, en la medida en que la fuerza de la propaganda y el ofensivo gasto en este renglón, pusieron el tema en un primer nivel de atención. Para el PRI, queda en segundo término la problemática real que enfrentan Torreón y el resto de nuestros municipios.

Del lado de la oposición, en Torreón se presentan como opciones Guillermo Anaya por el PAN con buenas posibilidades de ganar la elección y Francisco Dávila Rodríguez, dispuesto a conformar un nuevo proyecto político que haga del PRD, una opción viable para los coahuilenses. Ambos candidatos han publicado su plan de gobierno y han comparecido de cara a la ciudadanía a cuantos foros se les ha invitado a debatir o simplemente a exponer su propuesta.

No obstante que la legislación electoral y la política del gobierno de Coahuila, han hecho de éstas unas elecciones de estado, en Torreón existen espacios para que la sociedad, decida el resultado final de la elección. La condición es que la ciudadanía acuda en masa a votar, para vencer el fenómeno que nos coloca en un penoso segundo lugar de abstencionismo en el país, sólo después del estado de Chiapas. La suerte está echada.

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