GÓMEZ PALACIO, DGO.- Integrantes de la Unión Campesina Democrática demandaron diversos apoyos a funcionarios del sector agropecuario de los tres niveles de gobierno.
Al término de la reunión, el dirigente de la organización, Camilo Ceniceros Calderón dijo que entre las principales demandas figura la autorización para que cada productor siembre una hectárea en el próximo ciclo agrícola Primavera-Verano de 2003.
También se solicitó la aplicación de un programa emergente de empleo durante la temporada invernal, con una duración aproximada de dos meses tomando en cuenta que en la época de frío los campesinos no tienen posibilidad de sembrar ningún producto y por lo tanto no cuentan con un ingreso económico.
Otra de las peticiones fue integrar un comité de comercialización que se encargue de regular los precios que se fijan a los productos agrícolas, pues en la actualidad son los pequeños propietarios quienes lo hacen sin ninguna consideración hacia las condiciones económicas que padece el sector social.
Camilo Ceniceros dijo que también se hizo la solicitud de un programa de financiamiento para los productores.
Funcionarios del gobierno estatal les manifestaron que la Secretaría de Desarrollo Rural ya había iniciado las gestiones para la aplicación de un programa emergente de empleo y en los próximos días se les daría una respuesta; en tanto, la Comisión Nacional del Agua analizará la petición de autorizar una hectárea por productor en el ciclo de cultivos del próximo año.
En la reunión participaron integrantes de la Unión de Ejidos “Lucha Agraria 1975”, quienes dieron a conocer que desde hace siete meses permanecen posesionados de la planta despepitadora “Francisco Villa” que se localiza en el ejido El Cairo, por un pleito legal con la empresa “Agropecuaria Estratto” propiedad de Jorge Estrada Attolini.
Desde entonces, los ejidatarios demandan el pago de la renta de la planta a dicha empresa, alegando que existe de por medio un contrato leonino que exenta de esa responsabilidad a la arrendataria.
El contrato señala que a cambio de la ocupación de la planta, la empresa llevaría a cabo trabajos de mantenimiento en el inmueble, que según acusaron los ejidatarios, se realizaron con maquinaria de otra despepitadora y eso constituye una irregularidad.