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México, D.F.- Organizaciones campesinas propusieron establecer en la Financiera Rural un Fondo Especial de Fomento a Intermediarios Financieros por mil 500 millones de pesos para promover cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras populares y uniones de crédito.
Representantes de 12 agrupaciones enviaron a diputados federales sus propuestas sobre la Financiera Rural, que sustituirá a Banrual, para que sean incluidas en la discusión de este nuevo mecanismo de financiamiento para el campo, cuyo dictamen se espera sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados la semana entrante.
En el documento, plantean la necesidad de que en un plazo no mayor de seis meses la Secretaría de Hacienda y el Banco de México presenten un procedimiento mediante el cual el Fondo de Inversión Relacionado con la Agricultura (FIRA) se fusione a la nueva financiera.
Con ello, establecen, se evitará la existencia de un mecanismo pobre para los campesinos y una banca de fomento de élite para los grandes agricultores.
Además, debe definirse con claridad que la financiera operará en el primer piso sólo por un periodo de transición, que no sea mayor de tres años.
Solicitan que el Estado se concentre en el financiamiento de inversiones a mediano y largo plazos y en la de inversión en equipamiento y bienes de capital, no sólo en créditos de corto plazo, y para ello deberán instrumentarse mecanismos de bonificación a las tasas de interés en los créditos de capitalización.
Para evitar fraudes y malas administraciones recurrentes en la banca de fomento rural, proponen que el Consejo Directivo sea integrado en forma paritaria por representantes gubernamentales y consejeros ciudadanos independientes, postulados públicamente y elegidos por la Cámara de Diputados, con base en experiencia y reputación.
Además, que el director general sea elegido por dicho Consejo mediante concurso de oposición público con base en sus capacidades profesionales y sea removido sólo por mal desempeño de su cargo.
Además, la Secretaría de Hacienda debe garantizar su autonomía funcional y operativa y limitar su participación a un representante.
También consideran pertinente ajustar el marco legal de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con un apartado para la intermediación financiera rural, que permitan el surgimiento y crecimiento de nuevas iniciativas locales.
Establecen que se calcula que existe una población rural de 32 millones de habitantes en 190 mil localidades, sin acceso a servicios financieros y 4.5 millones de unidades de producción, con grandes necesidades de financiamiento.