SALTILLO, Coah.-- La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) recibió en un año, de septiembre pasado al actual, mil 321 quejas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales el 29 por ciento corresponden a la Procuraduría de Justicia y el 23 por ciento a la Secretaría de Seguridad Pública, lo que las coloca como las instituciones más señaladas por conductas en contra de la legalidad y de la seguridad. Ente las denuncias ciudadanas, se registraron casos de tortura policiaca.
Esto lo dio a conocer la presidenta de la CDHEC, Miriam Cárdenas Cantú, en su primer informe de actividades al cumplir un año al frente del organismo defensor de los derechos humanos de los coahuilenses.
Entre lo más relevante que informó a los legisladores, dijo que se captaron 10 mil solicitudes de intervención; 9 mil 585 orientaciones jurídicas; mil 321 quejas recibidas y mil 356 resueltas.
“De dichas quejas se desprende que las voces de violación más recurrentes, son violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con un 33.8 por ciento de las quejas; violación al derecho de igualdad y al trato digno en un 20 por ciento; violación al derecho a la igualdad y trato digno, en un 20 por ciento; la violación al derecho de la integridad y seguridad personal, en un 19.5 por ciento y la violación al derecho a la libertad, en un 18.3 por ciento; y otras violaciones, con un 8.4 por ciento”.
UN CASO DE SALVAJISMO POLICIACO
De acuerdo con los documentos que por mandato de ley debe hacer públicos la CDHEC, sobre las recomendaciones que hace en contra de funcionarios públicos, las policías municipales y agentes de la Ministerial siguen practicando la tortura como medio para “esclarecer” sus investigaciones. Se pueden citar varios casos.
En abril de 2001 (expediente 117/2001), fue detenido en Saltillo, José Inés Flores Rodríguez, por la policía municipal luego de haber chocado su automóvil contra otro vehículo, pero de manera inexplicable fue a dar a la Policía Ministerial destacamentada en Ramos Arizpe. De ahí habló por teléfono con su madre, la señora María Alicia Rodríguez Gallegos, quien fue a visitarlo.
“Pero al ver a su hijo se dio cuenta de que se encontraba todo golpeado del cuerpo, presentando moretones. Su hijo le comentó que los habían torturado pisándole manos y pies y golpeándolo con el puño cerrado para que se declarara del delito de violación y secuestro; además de que le pusieron una bolsa de hule en la cabeza, sintiéndose que que se ahogaba”.
El detenido ratificó que había sido torturado, pero aclaró que el domingo 22 de abril, los agentes de la Ministerial lo habían llevado a la colonia Provivienda en Saltillo, a las oficinas de la PGJE, “donde lo metieron en un cuarto y le pusieron una capucha tipo pasamontañas, lo golperaron con los puños cerrados en el abdómen, cara costillas, cabeza y piernas, dándole patadas, amenazándolo de que si no se declaraba culpable le iban a poner la chicharra”.
Ante esta brutalidad, la CDHEC razonó: “Esta Comisión considera que las prácticas que en otros tiempos fueron comunes, como la tortura, resultan ahora inconcebibles por haber constituido fuente de grandes injusticias y arbitrariedades, que condujeron a resultados nefastos como la muerte de quienes sufrieron en carne propia tales infamias”.