El gobernador de Durango Ángel Sergio Guerrero Mier, debe intervenir en el conflicto suscitado entre las autoridades del municipio de Lerdo y los ejidatarios, en relación a la compra de los terrenos del que fuera el vivero de la antigua secretaría de Agricultura en dicha ciudad. Como es del conocimiento, Ciudad Lerdo adquirió la superficie arbolada de diez hectáreas y media, en un precio pactado de doce millones de pesos pagaderos a plazos.
El precio se estuvo cubriendo con regularidad hasta fecha reciente, en que el ayuntamiento incurrió en la falta de pago de una de las amortizaciones, cuyo importe no llega al cinco por ciento del precio total de la operación. Esta circunstancia ha dado pie para que los ejidatarios pretendan modificar en su provecho y en forma unilateral el monto del precio acordado, a veinte millones de pesos, lo que implica un aumento del sesenta y seis por ciento del monto original.
Es indudable que el ayuntamiento de Lerdo debe honrar el cumplimiento de las obligaciones que contrajo y cubrir el adeudo vencido, con los intereses que conforme a derecho correspondan. Sin embargo, se advierte injusto el aumento pretendido en el precio y por el contrario, debe mantenerse la estabilidad de la operación en aras de los intereses de la comunidad lerdense, a la que pertenecen los propios ejidatarios como ciudadanos y habitantes de la otrora Ciudad Jardín.
Las autoridades del estado de Durango deben intervenir en auxilio del municipio de Lerdo, a fin de conseguir los recursos que se requieren para el pago del precio referido en vía de préstamo. Para aliviar el rigor del semidesierto en que vivimos, es necesario que la superficie del viejo vivero permanezca como área verde de acuerdo al plan original que justificó la compraventa, en aras de una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Lerdo y de toda la Comarca Lagunera.