TORREÓN, COAH.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró las empresas ubicadas en el Valle Hundido, “Agrícola El Pilar”, “Santa Teresa” y “Veta Santa Mónica”, propiedad de Eduardo Tricio, Florentino Rivera y Gustavo Díaz de León –respectivamente-, por actuar sin manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo.
La dependencia advirtió que estas tres empresas no podrán reanudar sus actividades en tanto no cumplan con el pago de la multa impuesta, realicen los trámites incumplidos y acuerden con la autoridad las medidas de compensación que resarzan los daños provocados por el desmonte de tres mil hectáreas.
Según la información proporcionada por la Profepa, durante una reunión en la que también participa-ron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), los productores reconocieron su falta y aceptaron allanarse a los procedimien-tos de la Procuraduría para reanudar sus actividades.
Las empresas sancionadas podrán continuar sus trabajos una vez que se corrijan las irregularidades detectadas, de manera condicionada a los resultados que se obtengan de los estudios técnicos y científicos que se realizan en la zona, mismos que deberán ser avalados por los Institutos Mexicano de Tecnología del Agua y Nacional de Ecología.
Se explicó que con estos estudios se determinará la antigüedad de los acuíferos del Valle Hundido y su posible conexión con el área natural protegida de Cuatro Ciénegas, donde se ubican al menos cuatro pozas con ejemplares únicos de flora y fauna marina.
“Los productores están conscientes y aceptan que de existir esta vinculación y confirmarse que el acuífero es fósil, sus actividades serán canceladas en forma definitiva”, indica la Profepa en un comunicado oficial.
De común acuerdo y para evitar la pérdida de la cosecha de 1,400 hectáreas, se acordó que la Profepa dará celeridad a los trámites de regularización, de tal manera que el mismo día de la reunión, la Procuraduría dio entrada a la carta en la que los propietarios de las empresas se allanan a las sanciones correspondientes.
Paralelamente iniciaron las pláticas para convenir las medidas de compensación ambiental que deberán adoptar y se comprometieron a tramitar lo antes posible la fianza correspondiente.
Rechazan ampliar
superficie de riego
La autoridad rechazó además la petición de ampliar la superficie de riego de las empresas y estableció que de determinarse la viabilidad de la actividad en el Valle, en un plazo de tres meses, no podrá excederse la explotación del acuífero en más de 20 millones de metros cúbicos anuales, equivalentes a la capacidad de recarga natural, con lo cual se garantiza la conservación de este importante acuífero.
En la reunión estuvieron el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Cassio Luiselli Fernández; del procurador, José Campillo García; del presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin Hoeflich; de la coordinadora de Asesores del Instituto Nacional de Ecología, Irene Pisanty Baruch y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y de la Dirección General de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales y de Suelos, entre otros.