A través de las finanzas públicas, vía la política fiscal, se pueden afectar algunos indicadores macroeconómicos que giran en torno a nuestro nivel de vida, tales como el ahorro, la inversión o el consumo público o privado.
En nuestro país los ingresos públicos son débiles y nos han impedido materializar los resultados de la modernización económica que hemos emprendido desde 1985, pero esta debilidad se debe en gran medida a un deficiente sistema recaudatorio y un bajo rendimiento en la aplicación de los recursos.
Actualmente en México, según una investigación del CIDE casi el 50 % del potencial recaudatorio se pierde en evasión fiscal, los ingresos apenas representan el 11% de PIB y un tercio de estos provienen del petróleo. En el primer semestre de este año los ingresos tributarios cayeron $32,270.4 millones de pesos, esto trajo como consecuencia una serie de recortes al gasto, menos inversión en salud, infraestructura, educación, energía, turismo, recorte a las entidades federativas, etc. en aras de no afectar el déficit fiscal aprobado por el Congreso. Estos recortes al gasto tal vez no disminuyan la capacidad actual de los servicios públicos, manteniéndola en el mismo nivel del año pasado, pero el número de habitantes día a día se incrementa y las necesidades de salud, educación, seguridad, etcétera aumentan constantemente. Al haber menos gasto se consume menos, por lo tanto se produce menos y se generan menos empleos. Con los recortes a los estados, los gobiernos estatales tendrán menos recursos para realizar obras y cumplir compromisos con la ciudadanía; ¿qué no sería mejor ampliar la base gravable, regularizar al comercio informal, hacer más fácil los pagos de impuestos, desburocratizar la hacienda pública, elevar las multas a los evasores fiscales, que recortar el gasto?.
Ante una economía globalizada con problemas de un mercado deprimido y crisis financieras, México necesita de una política fiscal competitiva, transparente y eficiente, que permita crear las condiciones de desarrollo y satisfacer el gasto público necesario para cubrir las demandas de la sociedad.
Del diseño de nuestra política tributaria dependen, en gran medida, la estabilidad, el crecimiento y la generación de empleos, condiciones necesarias para la reducción de las profundas desigualdades que padecemos. Somos un país con rezagos sociales enormes y carencias que no puede satisfacer la dinámica misma del mercado, las funciones del estado como ente regulador de la economía implican una participación activa que nos remite a la exigencia de invertir en capital humano y en la infraestructura básica que requiere el país. Reducir el gasto gubernamental disminuyendo la inversión para el desarrollo, es una medida ofensiva para un país como el nuestro y una solución poco inteligente y equitativa.