Ayer fue presentada a las cámaras del Congreso la propuesta ciudadana de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Es la respuesta de agrupaciones civiles víctimas de un fraude político a la tentativa gubernamental de, una vez más, dejar hacer y dejar pasar en esas materias, en que se quiere hacer creer que sólo hay dos interlocutores: el gobierno y los concesionarios. El legítimo derecho de éstos por preservar sus derechos y sus intereses, sin embargo, no debe ejercerse por encima de los intereses y los derechos de la sociedad civil.
Durante 19 meses la Secretaría de Gobernación fue la sede de una mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación en medios electrónicos. El gobierno mismo, los industriales de ese ramo, los partidos políticos y un abigarrado pero consistente conjunto de agrupaciones civiles plantearon y discutieron los temas cruciales de esa actividad, central en la vida diaria del país en todo momento, y sobre todo en la etapa de transición en que se produjeron sus reuniones. No era la primera vez que Gobernación instaba a dialogar sobre el tema. Lo había hecho ya en 1983, pero los asistentes a las sesiones recientes supusieron que había una gran distancia entre Manuel Bartlett y Santiago Creel, y eso les generó confianza en el futuro de sus tareas. No contaron, sin embargo, con que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, influyente siempre, mantenía su poder no obstante el cambio de partido político en la presidencia.
Sin que lo supiera la mayor parte de los asistentes a aquellas reuniones, muy pronto ocurrieron otras paralelas pero circunscritas a un pequeño núcleo, convocado en Los Pinos por la vocera presidencial de entonces, la señora Marta Sahagún. Aun después de que cambió su status personal, y dotada de la fuerza que ha puesto y extraído de su papel de primera dama, continuó siendo el motor de aquel cenáculo cuyas tareas concluyeron el diez de octubre con la publicación de un ilegal reglamento de la Ley de Radio y Televisión y un decreto sobre el régimen fiscal aplicable a esos medios de comunicación. Esos documentos, entregados sin sonrojo como regalo a los grandes concesionarios, selló el nuevo compromiso de la televisión con el poder presidencial, un poder que contrariamente a lo dispuesto a la Constitución, que lo ubica en una sola persona, tiene hoy una clara bicefalia. Basta recordar, a casi dos meses de ocurrido, el indiscreto júbilo celebratorio de la señora esposa del Presidente de la República y quien lo era hasta ese momento de la Cámara de los concesionarios, para comprender esa nueva alianza, mostrada plásticamente sin recato alguno.
De la estupefacción, los grupos sociales que suponían estar contribuyendo con su asiduidad informada y constructiva a la configuración de una nueva regulación en los medios electrónicos, pasaron a la indignación y luego a la recuperación del consenso logrado en aquella mesa de diálogo. Mostraron su indignación descalificando al secretario Creel y trasladando al Congreso el foco de su atención. Y ayer se concretó esa nueva relación entre los legisladores y quienes propugnan la reforma de la legislación sobre radio y televisión.
Primero ante la Comisión de reforma del Estado en la Cámara de Senadores y después, en San Lázaro, ante esa misma comisión de los diputados, y la de radio y televisión, fue entregado un documento con la propuesta ciudadana sobre la materia. Varios legisladores comprometieron públicamente su palabra de suscribir esa propuesta para convertirla en proyecto de ley. Es buena señal que quienes así lo anunciaron pertenezcan a los tres partidos con mayor presencia en el Congreso. Eso aseguraría, por primera vez en la ya larga historia de las tentativas reformistas en este sentido, que fluyera por los cauces parlamentarios una nueva visión de la radio y la televisión. A esa buena señal correspondieron, sin embargo, otras en sentido contrario, que pudieran llevar a la propuesta ciudadana a los oscuros sótanos de la parsimonia y la esterilidad legislativa.
A pesar de que los grupos proponentes lo solicitaron expresamente fue imposible un acto conjunto, en que senadores y diputados recibieran el documento. Acaso el celo cameral se debió al diverso estado de la cuestión en cada uno de los órganos del Congreso. En San Lázaro se ha presentado, desde tiempo inmemorial, iniciativas sobre la materia que no han salido de la congeladora. Y sólo ahora, esperemos que acicateada por la efervescencia que causó el albazo del diez de octubre, la Comisión de radio y televisión se dispone a dictaminarlas. Dado que es inminente el fin del periodo de sesiones, y que el dictamen respectivo reposaría hasta las sesiones plenarias de marzo y abril, sería pertinente que la Comisión no lo emitiera sin profundizar en la propuesta ciudadana, un valioso insumo para cualquier reflexión, especialmente la parlamentaria, sobre el tema.
El cogollo de la propuesta consiste en ubicar la autoridad gubernamental para regular la radio y la televisión fuera del ámbito presidencial. La ejercería un Consejo nacional, pero no la caricatura de órgano que ni siquiera ha podido emitir su manual de operación y no ha designado, por lo tanto, al convidado de piedra dizque representante de la sociedad civil. Se trata de un Consejo nacional con facultades plenas, análogas en cuanto a su alcance a las que en materia electoral ejerce el consejo general del IFE o las del órgano que regula la ciencia y la tecnología.