La construcción del estacionamiento subterráneo en la Plaza IV Centenario, con una capacidad de 526 cajones para vehículos, podría implicar una inversión del orden de los 53 millones de pesos, a repartirse entre cuatro fuentes de financiamiento: Ayuntamiento, Gobierno del Estado, la empresa concesionaria y el Banco Nacional de Obras y Servicios.
De acuerdo a la iniciativa para solicitar al Congreso del Estado la autorización para emitir la convocatoria para adjudicar la concesión administrativa relacionada con el denominado proyecto “Plaza IV Centenario”, de la inversión estimada, la Presidencia Municipal solventará 4.5 millones de pesos y otros 4.5 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.
En lo que hace a la empresa que obtenga la concesión administrativa por un período de 15 años para operar el mencionado estacionamiento subterráneo, el primero de este tipo en la ciudad capital habrá de colocar una inversión de 12 millones en la modalidad de capital de riesgo, mientras que el remante de 32 millones será solventado mediante una financiamiento de Banobras.
Según la propuesta, una vez puesto en funcionamiento este complejo de estacionamientos, la concesionaria estará obligada a pagar al Ayuntamiento como contraprestación por la explotación y operación de este servicio el 0.5 por ciento de los ingresos brutos tarifados que reciba anualmente, sin incluir el impuesto al valor agregado, IVA.
Como se sabe, el 7 de junio del 2002, el Cabildo autorizó al alcalde José Rosas Aispuro Torres para que a nombre del Ayuntamiento celebrara el contrato de prestación de servicios con la empresa GBC Consultores para que se elaboraran los proyectos y estudios de índole jurídico, técnico, de mercado y financieros, que son necesarios para poder otorgar la concesión del proyecto “Plaza IV Centenario”.
Y casi seis meses después, en la sesión edilicia ordinaria del viernes 29 de noviembre, el Cabildo autorizó al Presidente Municipal a emitir la respectiva iniciativa ante el Congreso del Estado y realizar las respectivas gestiones ante el Gobierno del Estado para la celebración de un convenio que establezca la participación financiera de ambas instancias.