De repente a una serie de gobernadores de estados de la República (coincidentemente aquellos de extracción priista o perredista), les surgió su profunda devoción y raigambre federalista, en virtud de la cual han lanzado una amenaza al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el sentido de no volver a aceptar cualquier tipo de convocatoria a la que fuesen llamados, hasta en tanto no se les dote de unos recursos financieros derivados del rubro específico de las participaciones de la Federación a los estados, las cuales son una variable dependiente de la recaudación de impuestos federales. A mayor recaudación, mayores participaciones para los estados. A menos recaudación, menores participaciones.
Por ello en virtud de que la recaudación tributaria ha sido mucho menor que la que la prevista alegremente por el Congreso tras la fallida reforma fiscal, el monto de dichas participaciones a los estados en general ha sido inferior.
Independientemente de las consideraciones que se tienen que hacer respecto de maneras poco convencionales de discutir y de actuar por parte del Presidente de la República y algunos de los secretarios de despacho, tal y como ya ha sucedido de otros casos similares, también puede verse como una auténtica nueva posición chantajista (continuación de la intentada por el sindicato petrolero), la que están desarrollando al promover esta ruptura respecto de sus relaciones con la Federación: Arturo Montiel y los otros gobernadores confrontados con el Gobierno federal.
Y es que manifiestan con sus declaraciones y con sus amenazas una realidad distinta a la que pudiera derivarse de un auténtico deseo de que el tradicional centralismo político y económico que se ha vivido en México desaparezca y se ajuste a ese imperativo constitucional plasmado desde 1824 (con intermedio de los dos regímenes centralistas y la época del Segundo Imperio) en que se decretara a decir de la Constitución promulgada en esos inicios de nuestra historia independiente, una auténtica relación de descentralización política y financiera que es propia de una república federal.
Las declaraciones oficiales vertidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en el homenaje que la plana mayor de dicho partido le tributara al fundador del mismo: Plutarco Elías Calles, en su aniversario luctuoso, al igual que las declaraciones realizadas por Rosario Robles a lo largo de esa misma jornada del 20 de octubre vienen a reafirmar la aseveración que hago, es decir, que a los gobernadores convocados por la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores les anima más el deseo de poner obstáculos al Gobierno federal como estrategia política que busca dar dividendos en las elecciones federales del próximo mes de julio, que reivindicar una auténtica descentralización fiscal, financiera, política y social propia de lo dispuesto en el régimen federal determinado en la Constitución, pero que a lo largo de los pasados 71 años por citar simplemente las etapas más cercanas de nuestra historia, nunca fue reivindicada con la fuerza y vigor con la que estos nuevos adalides del federalismo lo están haciendo en esta coyuntura pre-electoral.
Así pareciera que se abre un nuevo frente de batalla del Poder Ejecutivo Federal ahora en contra de un grupo de gobernadores de estados. Un nuevo frente de batalla que a fin de cuentas viene a dificultar más el ya de por sí arduo camino de la transición democrática.