La claridad en el manejo de los recursos públicos, no sólo compete a las autoridades frente a la ciudadanía, sino también entre ellas mismas, pues al final de cuentas todas (las autoridades) deben responder del manejo de recursos que corresponden al pueblo, ante el mismo, de manera que ninguna puede mantenerse al margen de tal obligación, y ni siquiera la universidades del Estado, antes intocables, pueden ahora mantener en secreto el uso que hacen de los recursos que se les asignan.
De ahí que sea una severa incongruencia, el hecho de que la Secretaría de Hacienda no haya entregado a la Cámara de Diputados la información relativa a la forma en que se han ejercido los recursos correspondientes al presente año, ni la referente a los recortes que ha decretado en perjuicio de las entidades federativas. Porque si dicha Secretaría tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de los particulares respecto del pago de impuestos, debería ser la primera que con escrupulosa puntualidad cumpliera a su vez con las obligaciones que a ella corresponden.
El Ejecutivo federal se ha quejado sistemáticamente de que no le alcanzan los recursos que capta para cubrir los gastos del citado poder, de manera que está obligado, a través de Hacienda, a justificar que en efecto, su queja tiene sustento real y que no es, como se especula, que ha dejado de ejercer arbitrariamente fuertes cantidades, sobre todo en los programas sociales, pues si tal fuera, la o las dependencias que así lo hubieran hecho están incurriendo en responsabilidad oficial.
Otro tanto sucede con los recortes que Hacienda les ha aplicado a estados y municipios, de los que tampoco ha dado cuenta a la mencionada Cámara del Congreso. Porque la voluntad de una secretaría no puede estar por encima de la de los diputados que representan a toda la nación; de donde se desprende que esa dependencia del Ejecutivo debe informar cuanto antes y con toda claridad sobre estos dos rubros que irremediablemente han perjudicado al pueblo.