La depedendencia estatal carece de facultades para resolver los problemas que se generan en las diferentes líneas de transporte urbano y bases de taxis
Gómez Palacio, Dgo.- El cambio de nombre de la antigua Delegación a Subdirección Regional de Transporte quedó sólo en eso, pues la dependencia no adquirió mayores facultades ni la capacidad para atender los reclamos y la problemática de los transportistas, como tampoco se le dotó de más personal para el desempeño de su función, señalaron líderes del sector.
Además de ello, la Ley Estatal de Transporte puesta en vigor desde mediados de este año estableció “candados” a los prestadores del servicio y encareció los trámites que éstos deben realizar para operar dentro del marco legal.
Taxistas de la base “5 de Mayo” afiliada a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) denunciaron que los inspectores de la dependencia sólo se están dedicando a extorsionarlos y, por el contrario, no hacen nada en contra de las unidades que prestan el servicio sin tener la autorización correspondiente, sin placas o con sólo una de éstas.
Indicaron que los operadores se enfrentan a un problema cada vez que bajan o pretenden levantar pasaje en los ejidos del municipio, pues esto es motivo para que los infraccionen y sean acosados por los inspectores de la Subdirección.
A este respecto, el dirigente del Sindicato Alianza, Ramón Nevárez Muñiz dijo que las autoridades sancionan con multas aplicadas a su criterio, a los taxistas que osan prestar el servicio en las comunidades rurales, a pesar de que éstas pertenecen al mismo municipio.
Atribuyó esta situación a que la dependencia es objeto de presionar por parte de los concesionarios de las líneas de autobuses suburbanas que prestan el servicio en los ejidos, situación que ha afectado seriamente a los operadores de taxis.
Existen muchas dudas generadas desde la puesta en vigor de la Ley de Transportes del Estado, pues no está claramente establecido el kilometraje que se está tomando en cuenta para considerar que un taxista puede o no levantar pasaje, en las áreas denominadas como zonas autorizadas.
Otro de los inconvenientes de la legislación es respecto de los costos fijados para los trámites, como es el caso de las licencias de conducir, que en Torreón tienen un costo de 175 pesos pero que en esta ciudad se eleva a 425 en caso de licencias nuevas y hasta 950 pesos en algunas renovaciones, pues además del trámite deben cubrirse los gastos que genera la aplicación de exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos y hasta las pruebas de manejo que aplican los inspectores de la Subdirección.
Nevárez Muñiz dijo que sin embargo, no se aplica el mismo criterio en la ciudad de Durango, donde los montos de las infracciones son 40 por ciento más bajos que los aplicados en la Región Lagunera del Estado.
Más que cambiar leyes, dijo, se necesita cambiar las acciones y una mayor atención y voluntad política para atender el servicio de transporte, que en Torreón por ejemplo, se ha podido solucionar en un año la problemática acumulada en tres décadas y en esta ciudad, no se percibe ningún interés de la autoridad.
Inspectores insuficientes
Francisco Torres Larriva, subdirector de Transporte en la Región dijo que si algún transportista tiene quejas o denuncias del mal comportamiento de los inspectores, deben hacerlas llegar en forma directa a la dependencia, señalando la identidad de quienes han cometido irregularidades.
Aseguró que no existen componendas con ningún inspector y que los taxistas “sólo buscan pretextos y hacerse las víctimas para seguir trabajando al margen de la ley, sin que nada pase”.
El servicio de taxis está plagado de irregularidades pero, principalmente, está saturado y esto desencadena problemas para quienes lo prestan y para la propia autoridad, lo que hace necesaria una mayor cantidad de inspectores que vigilen las distintas modalidades.
Y es que según dijo tener conocimiento, por rumores de los propios taxistas, alrededor de 700 unidades transitan sin placas o sólo una de éstas, cuyos operadores reportaban 200 pesos al mes para que se les permitiera trabajar al ex delegado, Julián Vargas Aguilera. La dependencia está por iniciar operativos para retirar las unidades que no portan láminas y están al margen de la ley.
El funcionario indicó que la Subdirección cuenta con siete inspectores, además de un jefe de vigilancia y un jefe de inspectores, pero está a cargo de regular la prestación del servicio en siete municipios: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Nazas, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero.
Es un hecho que por el resto del año no se aumentará la cantidad de agentes, pero en 2003 se hará la propuesta a la Dirección Estatal.
Respecto de las quejas contra los taxistas que operan en el medio rural, dijo que el Reglamento de Transporte es muy claro, al establecer en su artículo 109 que “las unidades del servicio público de alquiler, libre o sitio podrán trasladar pasajeros de su zona autorizada a otra zona o región no autorizada, de la cual no podrá trasladar pasajeros, aun y cuando su destino final sea la zona autorizada al concesionario y/o permisionario”.
En ese sentido, aclaró que los ejidos están considerados una zona no autorizada para los taxistas, pues éstos ya cuentan con rutas suburbanas de autobuses establecidas y los taxistas deben acatarse a esta disposición.
Quienes no lo hagan, serán sujetos a una multa por 24 salarios mínimos.
FALTAN INSPECTORES
Para los líderes del transporte, no se ha reflejado el cambio desde que la Delegación de Transporte en la Región Lagunera de Durango se convirtió en Subdirección, pues la dependencia sigue canalizando a la ciudad de Durango los problemas que se le presentan, no tiene facultades y cuenta con poco personal para desempeñar su labor.
· Un inspector debe hacerse cargo, en promedio, de vigilar todo un municipio, pues la Subdirección atiende los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Nazas, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero.
· Se estima que por lo menos debería contarse con 15 inspectores para vigilar regularmente el servicio.
· Tan sólo en la modalidad de taxis, en Gómez Palacio operan alrededor de 2 mil 400 taxis autorizados.
· Se estima que otros 700 prestan el servicio en forma irregular.
· Los inspectores laboran con un horario de las 8:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas, por lo que no se programan operativos nocturnos.
· Cada inspector percibe un salario de mil 400 a mil 600 pesos quincenales.
Fuente: Investigación El Siglo de Torreón.
PRETEXTOS
“Los taxistas sólo están buscando pretextos para hacerse las víctimas y seguir prestando el servicio al margen de la ley”.
Francisco Torres Larriva.
Subdirector de Transporte en la Región Lagunera de Durango.