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México, D.F.- En el Senado de la República los legisladores están de acuerdo en ratificar el Estatuto de Roma mediante el cual México avalaría la Corte Penal Internacional, pero tienen un problema: necesitan modificar la Constitución y no saben de qué manera hacerlo sin afectar derechos elementales que plantea la Carta Magna.
Y es que en cuanto México se adhiera a la Corte Penal Internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perderá el carácter de máximo tribunal, porque sus decisiones podrán ser revisadas por el organismo internacional.
Además de que al formar parte de la Corte Penal Internacional, el país aceptaría que alguien pueda ser condenado a cadena perpetua, que sea juzgado dos veces por el mismo delito, o que cualquier legislador o funcionario con fuero pueda ser requerido sin importar que goce de esta protección, y todas estas cuestiones las prohíbe actualmente la Constitución. El senador panista e integrante de la mesa directiva de la Cámara alta, César Jáuregui define de la siguiente forma el problema que enfrentan: “de todos los que están a favor no hemos encontrado la mejor respuesta de cómo introducir en nuestro marco de derecho esta Corte Penal Corte Penal Internacional”.
Por tal motivo, el senador priísta y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sadot Sánchez Carreño, adelanta que este mes iniciará una serie de tres foros que tendrá como fin recabar la opinión de constitucionalistas, catedráticos, barras de abogados, organizaciones no gubernamentales, así como de integrantes del Poder Judicial de la Federación, para encontrar un mecanismo que le permita a México ingresar a este organismo internacional.
De antemano, Sánchez Carreño adelanta que el Senado de la República va a basar su decisión de ratificar o no Estatuto de Roma en lo que opinen los distintos sectores de la sociedad en los foros.
Aunque para Sadot Sánchez no existen plazos para poder ratificar el Estatuto, como integrante de la Mesa Directiva del Senado, César Jáuregui, afirma que antes de que termine el actual periodo de sesiones se debe dictaminar sobre el asunto, ya sea a favor o en contra.
El Estatuto de Roma fue firmado en la capital de Italia el 17 de julio de 1998, por 139 países. Y la Corte Penal Internacional comenzó a operar desde el pasado 1 de julio, con el aval de 81 naciones, en virtud de que sólo se requería que 60 países ratificaran el Estatuto, para que entrara en funciones.
La Corte Penal Internacional sólo se encargará de juzgar los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresiones.
Sin embargo, este organismo internacional no podrá juzgar ningún caso que haya acontecido antes de la fecha de su instalación, porque no se prevé que tenga efectos retroactivos.
En el caso de México, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo fue el que firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre del 2000.
De tal manera que a la administración del presidente Vicente Fox le tocó impulsar la ratificación del estatuto, para lo cual envió una iniciativa al Senado de la República para reformar el artículo 21 de la Constitución, con el fin de que se pudiera llevar a efecto la ratificación.
Pero, los legisladores de todos los partidos consideraron que la propuesta de Ejecutivo no era correcta porque dejaba muchos vacíos, debido a que existe una serie de incompatibilidades entre el Estatuto y la Constitución de nuestro país.
Hasta el momento se menciona que existen al menos 13 cuestiones que no son compatibles, las cuales propiciarían igual número de reformas a la Carta Magna.
Porque para poder ratificar el Estatuto, es necesario que primero se lleven a cabo las reformas constitucionales, lo cual implica un largo proceso legislativo, porque tiene que ser aprobado por las Cámaras de Senadores y Diputados, y posteriormente por cada una de los Congresos locales del país.