El presidente del Centro Empresarial de Durango, Paulino Córdova Quiñones, expresó que el proceso de transición que vive el país debe llevar finalmente a una democracia plena, representativa y participativa, a un estado de Derecho vigente para todos los ciudadanos, especialmente para nuestras autoridades y a una economía sana y en desarrollo.
Dijo que para ello son indispensables cambios estructurales como la Reforma Fiscal, la Energética, la Laboral, la de la Seguridad Social y la Educativa, entre otras; y estos cambios podrán ser posibles en la medida en que los actores políticos, económicos y sociales nos pongamos de acuerdo y así le demos viabilidad al país. La alternativa es quedarnos como estamos, sin superar rezagos ancestrales y en medio de polarizaciones políticas estériles.
Anotó que una premisa de estos acuerdos es el desmantelamiento de las redes de complicidad y corrupción que todavía existen en diversas esferas o espacios de la administración pública, herencia del viejo sistema político. Sobre el pasado la vía debe ser la aplicación de la ley y del estado de Derecho. Necesitamos un retrovisor pequeño y un parabrisas muy grande.
Córdova Quiñones mencionó que el diseño de Acuerdos Políticos para consolidar la transición debe partir de una visión de largo plazo, que es una de las virtudes del Plan Nacional de Desarrollo. Los actores debemos trabajar por que esta visión se vaya haciendo realidad, desde el nivel sectorial, regional y nacional. Ejemplo de ello son los acuerdos de la Nueva Cultura Laboral, signados en varios estados del país, y las mesas instaladas para la negociación de la Reforma Laboral. Así como los acuerdos que la sociedad civil está generando para la transición pacífica y ordenada.
Indicó que acuerdos de esta importancia no se pueden lograr por decreto, es algo que requiere de mucha visión política. En el establecimiento de los pactos es básico que las partes estén dispuestas a aportar, en este caso dispuestas a contribuir a la consolidación democrática; en caso contrario, las fuerzas que apoyan la transición deberán buscar formas o incentivos para presionar a quienes están reacios al cambio o que incluso buscan obstaculizar el proceso democratizador.
Añadió que en el caso de los partidos, éstos requieren hacer una mejor lectura de las exigencias de la sociedad y abrir los espacios necesarios para que los cambios estructurales y jurídicos tengan viabilidad y no quedarse en el desgaste de los costos electorales que nada tienen que ver con el avance nacional y el bien común.