GÓMEZ PALACIO, DGO.- Cientos de estudiantes egresados del “Centro Escolar Profesor Catarino Herrera” no han logrado titularse porque esta institución no cuenta con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública para impartir estudios superiores.
Desde 1995 se imparten en este platel ubicado en la avenida Trujano número 350 de esta ciudad, las carreras de licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Trabajo Social y en Contaduría Pública.
Los jóvenes que no fueron aceptados en las universidades públicas vieron una opción de continuar sus estudios en este plantel privado, cursaron todo el plan de estudios de cuatro años y medio.
Pero los problemas comenzaron cuando trataron de obtener el título, primero tuvieron que pagar dos mil pesos por un seminario de titulación, después otros siete mil pesos y a cambio recibieron sólo la decepción de que el ansiado documento nunca llegó a sus manos, a la fecha las cuatro generaciones que han egresado no han logrado la titularse.
Los inconformes en su mayoría mujeres aseguran que cuando trataron de arreglar su situación con el director del plantel, Vicente Guerrero Gómez recibieron amenazas y ofensas de su parte.
“Nos dijo que nadie le hacía nada porque era compadre del secretario de Gobierno en el estado (José Miguel Castro Carrillo), que no estuviéramos molestando porque nos iba a perder nuestra papelería”, dijo una las alumnas afectadas.
Finalmente, después de acudir a varias dependencias de los tres niveles de Gobierno, un grupo de alumnas se agruparon e interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, a las pioneras se les agregaron otras tantas y a la fecha en la Profeco hay varios expedientes sobre esta queja que suman más de 150 afectadas.
En esta dependencia se citó la primera audiencia conciliatoria para el día 8 de noviembre del presente año a las 12:00 horas, las alumnas se presentaron pero el director del plantel nunca llegó, por esa razón se le aplicó una sanción económica de ocho mil 387 pesos con 85 centavos y se fijo el día 19 de noviembre de este año a las 13:00 horas como fecha para la segunda audiencia.
A esta reunión acudieron las licenciadas María de Lourdes Cabello y Esperanza Delgadillo Vázquez en representación de Vicente Guerrero Gómez, para lo cual presentaron una carta poder firmada por el director del plantel.
Estas personas entregaron la contestación de su defendido por escrito, en el segundo punto de dicho documento, Guerrero Gómez acepta que desde 1995 se comenzaron a impartir en su plantel las carreras antes mencionadas a petición de Juan José Vargas Meraz, rector de la Unidad Universitaria de Lerdo A.C..
El director de la “Catarino Herrera” afirma que desde esa fecha su escuela empezó a funcionar como una extensión de la UUL y que Vargas Meraz sería el responsable de tramitar el permiso de funcionamiento de esta extensión universitaria ante la SEP, desde esa fecha él se desempeña como coordinador de la Licenciatura en Trabajo Social de la UUL.
En el punto tres de este documento, Guerrero Gómez afirma que los títulos se encuentran en las oficinas de la SEP en la capital del estado y que dicha dependencia visitó en mayo de este año las instalaciones del plantel.
Según el director del centro escolar durante esa inspección los representantes de la SEP aclararon que los estudios impartidos en la institución estaban debidamente amparados por el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que aún se encuentra vigente a favor de la Unidad Universitaria de Lerdo, dicho acuerdo fue entregado el 8 de enero de 1996 en el acuerdo 022.
Por último, en el punto cuatro de este documento, el director del “Centro Escolar” hace referencia a una acta elaborada el día 14 de noviembre en la Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Particular (CEMSSyP) de la SEP.
Guerrero Gómez asegura que en el documento fechado el 14 de noviembre la Secretaría de Educación Pública pactó con el rector Vargas Meraz mantener el RVOE hasta que se finiquite el proceso de titulación y certificación de todos los alumnos que cursan sus estudios en la extensión de la UUL conocida como “Catarino Herrera”.
El Siglo de Torreón tiene en su poder una copia de este documento y en esta acta se lee que el rector Vargas Meraz fue quien se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas por la ley hasta que se finiquite el proceso de titulación de todos los alumnos.
Sin embargo Guerrero Gómez no informa a la Profeco que en ese mismo documento del 14 de noviembre Arturo Meza Zúñiga, jefe del Departamento Jurídico de la CEMSSyP presentó una acta de visita de inspección donde se manifiesta que la UUL está trabajando en un domicilio que no corresponde al autorizado en el acuerdo 022 y acuerdo único de liquidación otorgado el 8 de enero de 1996.
Además se señala en esta acta que la institución no cuenta actualmente con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas y pedagógicas.
En esta misma acta el director de la “Catarino Herrera” informa que se le entregó al rector Vargas Meraz un oficio firmado por David Rivas Rodríguez, responsable de Becas de la Coordinación Regional de Participación Regional donde se le acusa con no cumplir con el mínimo de becas establecido por la ley, motivo por el cual existen causas justificadas para el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Finalmente se le da al rector un plazo de 15 días naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga, después de esa fecha se emitiría la resolución de la SEP.
En este documento aparecen las firmas de Gloria Ivonne Silva Flores como titular de la CEMSSyP, Arturo Meza Zúñiga, director Jurídico, Araceli Soto Pérez, jefa del departamento de Educación Superior y Eduardo Carvajal Gutiérrez, jefe del departamento de Escuelas Particulares, también firman el documento Juan José Vargas Meraz como rector de la UUL y Vicente Guerrero Gómez como coordinador académico de la licenciatura en Trabajo Social de la UUL.
Es un caso especial
“El Centro Escolar Catarino Herrera es un caso especial”, dijo Arturo Meza Zúñiga, jefe del departamento Jurídico de la Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Particular.
Después el funcionario reconoció que hay muchas irregularidades en torno a este plantel y afirmó que muy posiblemente se le revocaría el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y de Estudios a la Unidad Universitaria de Lerdo, pero aseguró que se protegería a los alumnos para que no resultaran afectados.
Meza Zúñiga dijo que la UUL no tenía autorización para trabajar como extensión en la “Catarino Herrera”, que no cumplía con el cinco por ciento de bacas marcado por la ley, que tenía un grave rezago en los expedientes de los alumnos y que además no estaba dado de alta ante la Dirección de Profesiones.
“Por estos motivos la próxima semana se emitirá la resolución sobre el procedimiento que se le sigue a la Unidad Universitaria de Lerdo y muy posiblemente se le revoque el reconocimiento”, dijo.
El jefe del departamento Jurídico de la CEMSSyP dijo que el rector de la UUL, Juan José Vargas Meraz no cumplió con mucho trámites administrativos y por este motivo el asunto llegó hasta estas consecuencias.
El funcionario agregó que por todas estas razones era muy probable que se revocara el reconocimiento, aunque aseguró que la SEP protegería a todos los alumnos para que no perdieran el ciclo escolar.
“No vamos a proteger a nadie”, aclaró Meza Zúñiga, “pero a los alumnos los tenemos que ayudar, por eso vamos a dejar que terminen el semestre”.
El jurídico dijo que además de la revocación del RVOE a Vargas Meraz se le podría aplicar una sanción económica de hasta cinco mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
“Además los alumnos afectados pueden continuar con el procedimiento que entablaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor, porque lo que tiene que ver con el manejo del dinero se tiene que ver en la Profeco”, dijo.
LOS REQUISITOS
Para que una institución privada de cualquier nivel educativo reciba el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentan el oficio de solicitud.
2. Llenar el formato de registro.
3. Acreditar el perfil de todo el personal docente, que debe tener estudios mínimos de licenciatura y estar debidamente titulado.
4. Contar con unas instalaciones que cubran los mínimos requisitos de seguridad e higiene, para lo cual debe entregar una constancia expedida por la Secretaría de Salud, una prueba de peritaje emitida por un experto en seguridad estructural, un documento de la Presidencia Municipal donde se le autorice el uso de suelo y una constancia de supervisión de la Unidad de Protección Civil para garantizar que el inmueble es seguro.
5. Entregar para revisión el proyecto de plan de estudios.
Fuente: Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Particular.