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TIJUANA, BC.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) demandó al gobierno mexicano que ofrezca garantías a las labores de los periodistas comprometidos en la lucha contra las drogas.
Esta demanda se dio como una de las conclusiones de la Conferencia Internacional “Narcotráfico: periodistas bajo riesgo”, que por tres días reunió a comunicadores del hemisferio en esta ciudad fronteriza.
Como una de las resoluciones de la Conferencia Internacional, se hizo llegar al presidente de la República una carta en la que se demandan garantías de seguridad al libre ejercicio periodístico y se propone que los asesinatos o agresiones físicas contra periodistas sean tipificados como delitos federales.
Las carta, firmada por Robert Cox, presidente de la SIP; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de El Universal; Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP; Jesús Blancornelas, director del periódico “Zeta”; José Santiago Healy, presidente de Periódicos Healy y Andrés García Gamboa, director de “Novedades de Quintana Roo”, asegura que se ha “comprobado la persistencia de una realidad en México que favorece la impunidad en el asesinato de periodistas”.
La SIP añade en su carta al presidente Vicente Fox que la gravedad de la situación reclama la necesidad de “que el asesinato de periodistas, por tratarse de un crimen dirigido a coartar derechos y libertades básicos de la sociedad, deba ser considerado como un delito de jurisdicción federal”.
La misiva, de dos cuartillas, fue hecha llegar al presidente Fox por conducto de Ealy Ortiz, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para México de la SIP.
Después de tres días de debates e intercambios de experiencias entre periodistas del hemisferio convocados a esta Conferencia Internacional, se alcanzaron tres conclusiones principales que quedaron expresadas en la declaración de Tijuana.
La declaración de la SIP plantea la necesidad de crear nuevas y más eficaces medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en las regiones de mayor peligro del continente americano, específicamente en las naciones en las que el narcotráfico es una amenaza para la prensa libre.
Las tres conclusiones fueron: exigir que el Estado otorgue garantías a los periodistas y que se tipifiquen los crímenes a informadores como delitos federales y que se establezca el principio de no prescripción para los crímenes contra periodistas.
La segunda: que los organismos internacionales consideren la existencia de la libertad de prensa como un condicionamiento para otorgar asistencia financiera o económica a los países del continente.
Y la tercera, que la propia SIP asume el compromiso de continuar los proyectos de Crímenes sin Castigo contra Periodistas y Periodistas en Riesgo.
En el acto de clausura de la Conferencia Internacional participó como orador el director de la Oficina de Política Nacional Para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, John P. Walters, quien aseguró que la prensa, como una de las instituciones democráticas que trabajan a favor de la sociedad y en contra del crimen organizado, debe de esta blindada para resistir los ataques de estos grupos criminales que se sienten atacados.
“Si quienes dicen la verdad están callados, entonces dominará el terror. Los narcotraficantes tratan de callar a quienes atentan contra su negocio al decir la verdad sobre las drogas”, afirmó Walters.
Señaló que gobierno y medios deben de trabajar juntos para proteger la seguridad de quienes dicen la verdad sobre los efectos negativos del consumo y tráfico de estupefacientes.