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México.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Benjamín González Roaro, convocó a senadores a respaldar la reforma estructural, mediante el análisis y discusión de 10 puntos que constituyen la base del proceso de transformación del organismo.
Ante integrantes de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, González Roaro destacó que el reto del ISSSTE es impulsar su transformación y no sólo administrar la crisis ni flotar en medio de políticas inerciales.
“En los dos últimos años el ISSSTE ha vivido en medio de la tensión que produce el choque entre la situación de emergencia que amenaza su futuro y la convicción de prácticamente todos los actores políticos y sociales de reformarlo para garantizar su viabilidad”, dijo.
En ese sentido, estableció que el ISSSTE no puede esperar ni seguir más en esta situación, “es tiempo de resolver esta contradicción; llegó la hora de dar pasos firmes hacia la reforma legal”.
En la reunión con la Comisión senatorial, que preside Elías Miguel Moreno Brizuela, el director del ISSSTE propuso un “Pacto para la Reforma y el Fortalecimiento de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado”.
A partir del diagnóstico de la situación de crisis que enfrenta el ISSSTE y las propuestas que se han generado en diferentes ámbitos de la sociedad, el funcionario identificó 10 premisas y criterios para la reforma legal que integró como sustento para este pacto.
Entre los fundamentales señala fortalecer al ISSSTE como institución social del Estado; garantizar respeto pleno a los derechos y prestaciones de los jubilados y pensionados; garantizar la calidad, eficiencia y sentido humano en la prestación de servicios.
Además, garantizar el otorgamiento de los servicios de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y el perfil demográfico y epidemiológico de sus derechohabientes; construir un régimen de seguridad social sustentable financieramente; fortalecer la corresponsabilidad del Estado, las dependencias y los trabajadores en materia de seguridad social; erradicar los riesgos financieros de incumplimiento de los compromisos en materia de pensiones.
Y también revisar la gestión y financiamiento del seguro de salud; contribuir a la constitución de un sistema nacional de pensiones y establecer un esquema que proteja el valor de los recursos propiedad de los trabajadores.
González Roaro dijo que la reforma legal del ISSSTE es viable y posible si se toma en cuenta que se plantea de manera democrática, que el Ejecutivo Federal ha manifestado su anuencia, que todas las fuerzas políticas han expresado su determinación de lograrla en beneficio de los 10 millones de derechohabientes y porque las organizaciones y liderazgos sindicales están dispuestos a respaldar el cambio.
A lo largo de la comparecencia, los senadores de las distintas fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo en que es necesaria la reforma legal del ISSSTE para garantizar su permanencia y viabilidad. Se negaron incluso a aceptar el concepto de quiebra, tomando en cuenta que es una institución del Estado.
Moreno Brizuela se refirió en particular a la privatización del ahorro de los trabajadores a través del sistema de Afores.
Citó datos del Banco Mundial para denunciar que las comisiones de las Afores en México son las más altas del mundo, pues representan casi una tercera parte del ahorro medio de los trabajadores, al llegar a un promedio histórico de 26.5 por ciento sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores que han dejado ganancias superiores a los mil millones de dólares entre 1997 y 2001 para los administradores.
Al evaluar los diferentes sistemas de seguridad que existen en el mundo, pidió tomar en cuenta la experiencia de Québec, Canadá, donde la reforma social no implicó la privatización sino la creación de una Afore pública cuyas comisiones son del orden del 1 por ciento.
El director general del ISSSTE dijo estar abierto a revisar la experiencia de Québec o de cualquier otra parte del mundo, pero advirtió que en caso de que se opte por la creación de una Afore pública para los trabajadores de gobierno, sólo debe garantizarse que su operación sea transparente.