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Panamá, Panamá.- Un estudio de la Universidad estadounidense de Paul advirtió ayer sobre un alarmante tráfico de mujeres y menores en los países de Centroamérica para explotación sexual, mientras Panamá parece tener “legalizada” esa práctica. La Dirección de Migración panameña tiene un programa de visados para “alternadoras” por lo cual “la trata de blancas ha tomado una apariencia legal”.
El estudio “Esclavitud moderna: tráfico sexual en las Américas”, publicado en la página de Internet de la casa de estudios (www.law.depaul.edu), señaló que la trata de personas para la prostitución “es una realidad diaria” en Centro América y el Caribe.
“Los traficantes operan por medio de engaños, con falsas promesas de empleo decente y lucrativo en las maquiladoras, restaurantes, bares, hoteles y casas, entre otros”, indicó el informe aplicado en ocho naciones de la región.
Mujeres y niños son forzados a prostituirse para saldar el pago del transporte y deudas adicionales, obligados a permanecer así por medios violentos, amenazas, deudas y multas, restricción de acceso a las ganancias, uso de guardias armados e impunidad, agregó.
“El riesgo de ser deportados mantiene a muchas víctimas silenciosas”, añadió el análisis realizado en asociación con la Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano de la Niñez, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El reporte está falto de cifras debido a la dificultad para ubicarlas y por las escasas denuncias de las víctimas por temor a represalias, como ocurrió con una colombiana que huyó a su país y fue golpeada “por lo que hiciste en Panamá”.
Con excepción de República Dominicana, el tráfico de personas no se ha incorporado en la política nacional de ninguno de los países de esta región, aunque los gobiernos reconocen la existencia del fenómeno y lo han tipificado como delito, menos El Salvador.
“La región sufre de una absoluta penuria en estrategias de prevención, protección, supresión e integración”, advirtió el documento.
En Belice, autoridades de sanidad, migración y seguridad han declarado casos de trata de blancas y menores desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En Costa Rica, el tráfico ocurre desde Colombia y República Dominicana, un trasiego mínimo de Nicaragua y versiones de que desde Tailandia y Europa del Este llegaban mujeres a ese país centroamericano para dedicarse al comercio sexual.
Además se reporta un tráfico interno significante de menores para explotación sexual hacia puertos y puntos turísticos.
República Dominicana es un punto de partida de mujeres hacia Argentina, Costa Rica, Panamá, islas caribeñas cercanas (San Martín, Curazao) y Europa.
En El Salvador se trafica con mujeres y niños desde Nicaragua y Honduras, con un tránsito hacia Guatemala y otros puntos del norte.
Los mismos salvadoreños son víctimas de tráfico hacia Guatemala y México.
a preocupación por el alarmante tráfico interior, exterior e interno de Guatemala y agrega que de Honduras también sale un contrabando con destino a El Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos.
En Nicaragua inicia una ruta de tráfico hacia el norte de mujeres jóvenes y niñas que parten con promesas de trabajos en hoteles, como empleadas domésticas o en fábricas.
Panamá es un país destino del tráfico de mujeres que son traídas desde Colombia o República Dominicana, y con denuncias de que panameñas son llevadas a Israel.
El informe advierte que la Dirección de Migración panameña tiene un programa de visados para “alternadoras” por lo cual “la trata de blancas ha tomado una apariencia legal”.
En el 2000, más de 700 colombianas adquirieron esa visa para trabajar temporalmente en establecimientos que les ofrecieron condiciones de trabajo engañosas. Para mantener el negocio, a las mujeres les quitan los papeles para amenazarlas con la deportación.
El informe recomienda a los gobiernos de la región suscribir convenios internacionales que buscan prevenir y sancionar la trata internacional de personas.
“Los males de este tráfico no se pueden solucionar totalmente mediante el procesamiento de traficantes o remediando los daños del tráfico, sin poner cuidadosa atención a las necesidades de las víctimas”, sentenció el documento.