Las tres empleadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que en fecha reciente fueron suspendidas de sus funciones, denunciaron ayer que enfrentan un proceso laboral injusto y deliberadamente parcial a favor de la presidenta de la Comisión, Norma Beatriz Pulido Corral, dado que tras la sanción que les fue impuesta no se les ha permitido, ni a ellas ni mucho menos a sus abogados, conocer los documentos y alegatos en los que la parte patronal se basó para imponerles dicho correctivo, no obstante que hoy se efectuará la audiencia en la que deberán expresar y probar lo que a su derecho convenga.
María de Lourdes Delgado Villarreal, Virginia Vela Rodríguez y María de los Ángeles Ortiz Andrade llevaban nueve años ininterrumpidos laborando para la CEDH (desde su fundación en el año de 1993). La primera trabajaba como secretaria en la Secretaría Ejecutiva, la segunda en el Archivo y la tercera como secretaria en la Secretaría Administrativa de la instancia que en Durango hace las veces de ombusdman; sin embargo, con el argumento de que una ellas sustrajo información confidencial y parte de un archivo, repentinamente fueron suspendidas las tres -presumiblemente por complicidad las otras dos-. Con la intención de que su situación laboral se resolviera de manera definitiva en la audiencia que este miércoles se efectuará en las instalaciones de la propia Comisión, en calle Independencia casi esquina con avenida 20 de Noviembre.
“El Contralor interno (de la CEDH) es quien aceptó que no se nos daría información de la sanción que nos fue impuesta; no nos han dado copias de nada y así es muy difícil que nos podamos defender por nuestros medios propios o con abogados, pues es una clara obstrucción de los derechos que para nuestra defensa tenemos”, señalaba María de los Ángeles Ortiz al ser interrogada a las puertas de la oficina que atiende Abigaíl Mercado.
De pronto, la citada funcionaria de la CEDH, quien por cierto se encarga de atender a las personas que consideran que fueron violados sus derechos humanos, mandó llamar a una de las tres empleadas que alegan injusticias y que aseguran enfrentarse a un proceso laboral desigual. Y, al salir del despacho de Abigaíl, los medios de comunicación presentes intentaron cuestionarla sobre las irregularidades que se estaban denunciando públicamente por parte de las suspendidas trabajadoras, sin embargo, fue inútil. En lugar de dar una respuesta, lo que se obtuvo fue un “portazo en la nariz”, de esta funcionaria que vigila el respeto a las personas.
“No es posible que esté pasando esto en la mismísima Comisión de Derechos Humanos; peor aún, que lo esté protagonizando la funcionaria encargada de recibir a las víctimas de un delito o abuso de autoridad”, indicaron molestas María de Lourdes, María de los Ángeles y Virginia, tras anunciar que se entrevistarían con los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para hacer de su conocimiento las irregularidades e injusticias, que afirman padecer al tratar de defender su empleo o, cuando menos, los derechos mínimos que la Ley Federal del Trabajo otorga a todo trabajador que fue despedido injustificadamente.
Sobre este hecho, el director del área de Comunicación Social de la CEDH, vía telefónica, indicó que la funcionaria Abigaíl Mercado había sido reprendida por la presidenta de la Comisión, Norma Beatriz Pulido Corral, por la escena que había protagonizado horas antes en las instalaciones de la instancia de derechos humanos. Incluso, a nombre de Pulido Corral, Jesús Reséndiz se disculpó con quienes se percataron de la forma como la encargada de atención de víctimas trató a las tres empleadas suspendidas y a los reporteros que las cuestionaban.
El caso es que las tres quejosas advirtieron que interpondrán un amparo en contra del proceder laboral que se usó en su contra en la Comisión, pues argumentan que “el juez” o árbitro que resolverá este asunto no es autoridad laboral ni parte neutra, sino el Contralor interno de la CEDH, el mismo que aceptó que no es les proporcionaran copias certificadas de las actas que obran en contra de las sancionadas.
Las tres piden que se les restituya su fuente de empleo o, en su defecto, se les indemnice conforme a Derecho. Además, que se retiren los cargos que habrían puesto en su contra en la Procuraduría General de Justicia del Estado, “ya que –afirman- nuestra suspensión tiene un origen que desconocemos, y para lo cual inventaron lo de la sustracción de archivos confidenciales”.