Durango

Denuncian nuevas irregularidades en conflicto laboral de Durango Apparel

Exigiendo respuesta de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que les autorice un crédito puente de cuando menos 2 mil pesos por persona mientras se resuelve la venta de los bienes de Durango Apparel, un grupo de ex trabajadores de dicha empresa cerró por espacio de casi cinco horas el paso vial de la calle 5 de Febrero, a partir del crucero que forma ésta con la calle Constitución.

Luego, de común acuerdo los manifestantes, decidieron retirarse aproximadamente a las 19:00 horas, con el compromiso de Hugo Quiñones Saravia, funcionario de la Secretaría de Gobernación del estado, de que los recibirá alguien de Finanzas a las 11 de la mañana de hoy para tratar de encontrar una solución a la demanda económica que plantean.

Algunos elementos de la Policía Ministerial quisieron actuar sin tacto, queriendo llevarse detenidos a algunos de los manifestantes de Apparel; sin embargo, éstos decidieron defender su postura y continuaron el plantón –que inició después de las 2 de la tarde- por unas horas más. En parte fue la diputada del PAN, Laura Elena Estrada, quien los conminó a no desgastarse de manera prematura y con poca movilización de gente, por ello optaron por ampliar la convocatoria para las acciones que, dijeron, llevarían a cabo hoy en Gobierno.

Resurge el desconcierto

Desconcierto e inconformidad entre los representantes de los ex trabajadores de la empresa Durango Apparel generó ayer la aparente intención del abogado de la maquiladora, Carlos Galván Pastoriza, por sacar maquinaria de la planta ubicada en Circuito Interior y calle Nazas.

Los ex empleados de Apparel denunciaron que en la madrugada de este martes Galván trató, junto con otras personas que lo acompañaban, de llevarse bienes muebles que se encuentran embargados y resguardados en la propia planta de la empresa por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Como depositarios de los bienes de Apparel fueron designados desde hace varios meses algunos de los ex trabajadores de dicha empleadora, que cerró sus puertas en agosto de este año y dejó sin empleo a más de mil 700 duranguenses. Ellos reciben de la JLCyA una pequeña cantidad semanal a manera de salario, a cambio de ser los responsables de cuidar que no sufran ningún daño los tres inmuebles de la maquila y la maquinaria y demás mobiliario que se encuentra dentro de los mismos.

Sin embargo, los depositarios de la Planta Sur, ubicada frente al fraccionamiento Huizache II, denunciaron los hechos que acontecieron la madrugada de este martes a los integrantes de la comisión que los representa en las negociaciones y trámites legales, quienes de inmediato solicitaron la intervención del presidente de la Junta Local, Juan Ruiz Sura, funcionario que les dejó claro que por ningún motivo deberán permitir que alguien intente sustraer bienes de las dos plantas o la lavandería, ya que se encuentran embargados y no se ha resuelto la situación legal de los mismos.

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dejó entrever la posibilidad de que se pretenda cometer irregularidades por parte de la empresa que enfrenta la demanda laboral de más de mil 700 trabajadores, puesto que al no realizarse aún el remate de los bienes y estar en receso la Junta de Conciliación, sería totalmente ilegítimo que alguien quiera sacar maquinaria o cualquier otro bien mueble de Apparel.

Eric Gerardo Burciaga, miembro de la comisión que representa a los ex empleados de dicha fábrica en Durango, denunció públicamente los hechos ocurridos aproximadamente a las 2 de la mañana de ayer, y acusó al abogado Carlos Galván de pretender sacar mobiliario de la Planta Sur, tratando de corromper a los depositarios de dichos bienes para lograr su objetivo.

También consideró irregular lo que quiso hacer el representante legal de Durango Apparel, y dejó claro que si hubo una autorización de la autoridad laboral entonces Galván debió intentar realizar en horas hábiles el retiro de bienes, que trató de hacer en la madrugada.

De cualquier forma, la audiencia de remate fue programada por la JLCyA para el próximo 15 de enero, fecha a partir de la que, si hay compradores y se deciden a adquirir la totalidad o parte de los pasivos, podría empezar a hablarse por fin de la solución del conflicto.

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