La Jornada
México, D.F., En la tribuna del Senado, el panista Javier Corral Jurado denunció la persistencia en México del clima de hostigamiento a la prensa y advirtió que en el país hacen falta casi todas las instituciones legales que en el mundo democrático protegen la labor de los periodistas. Pero aún, dijo, “en varios estados de la República se presentan casos preocupantes de persecución política a quienes ejercen la labor de comunicar y de informar”.
Se refirió al reporte de la organización francesa “Reporteros sin Fronteras”, en el que se coloca a México en el lugar número 75 -de un total de 139- por lo que se refiere al cumplimiento de las libertades de expresión y del derecho a la información. Ello tiene que ver, dijo, con acciones de intimidación desde las instancias públicas oficiales a los comunicadores.
En ese informe y en los reportes anuales del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), junto con la Red Nacional de Protección a Periodistas y la Fundación Manuel Buendía, se hace un recuento de los agravios contra comunicadores en cada entidad federativa y se señala que uno de los estados “donde se dan los peores excesos es el de Chihuahua”.
El senador Corral Jurado precisó que en esa entidad gobernada por el priista Patricio Martínez se vive “una lamentable regresión política autoritaria”, ya que se utiliza al ministerio público para intimidar y perseguir a los críticos del mandatario estatal. Prueba de ello, dijo, es que el pasado martes se consignó a ocho periodistas del periódico El Norte de Ciudad Juárez, incluyendo a su director, Oscar Cantú Murguía.
Los reporteros fueron consignados bajo la acusación de difamación y ataques a la vida privada, “en el proceso de averiguación previa realizada con la mayor celeridad hasta ahora registrada en los anales del ministerio Público de Chihuahua”, en un “indiscutible criterio selectivo de la procuración de justicia”.
El panista sostuvo estar dispuesto a probar tales aseveraciones, a despojarse “no sólo de la inmunidad constitucional, sino del privilegio de la impunidad parlamentaria” de la que gozan los legisladores, para atestiguar ante un juez federal o local tales aseveraciones, ya que los ocho comunicadores han sido consignados por ejercer un periodismo crítico e independiente y denunciar hecho preocupantes del gobierno de Martínez.
La denuncia contra los periodistas de El Norte de Ciudad Juárez, tiene que ver con un conjunto de 28 notas periodísticas sobre la compra fraudulenta de terrenos que realizó el gobierno de Chihuahua, pagando 67.67 pesos el metro cuadrado, cuando en realidad no valían más de siete pesos.
Asimismo, dijo, el periódico juarense ha publicado casos de tortura, como la que padeció un ciudadano al que obligaron a confesar que había asesinado a una profesora -la maestra Evodia Payán- pese a que en el momento del crimen estaba encarcelado y ha dado testimonios gráficos de que el defensor José Luis Escobedo fue ejecutado por agentes de la policía judicial del estado, que salieron absueltos.
Es por ello, insistió Corral, que el gobernador Martínez instruyó la causa penal contra los periodistas de El Norte de Ciudad Juárez, proceso penal que se ha agilizado de manera contrastante, con más de una docena de denuncias judiciales “que duermen el sueño de los justos”.
Mencionó entre ellas la que en junio del 2001 presentaron diputados locales en contra del gobernador Martínez y varios funcionarios de su gobierno, “por una jugosa transacción en la compra de terrenos sobrevaluados. El senador priista por Chihuahua fue también a tribuna para señalar que si efectivamente se comprueba la comisión de ilícitos, serán los jueces “y no otras personas ni partidos políticos, quienes habrán de determinarlo”. El problema, le reviró Corral, es que no hay aplicación general de la justicia en Chihuahua, sino un criterio selectivo. Dijo también que “los asuntos de libertad de expresión no pueden seguirse conduciendo por las vías penales”.