La solicitud hecha por la Procuraduría General de la República frente al Congreso de la Unión, para obtener el desafuero de diversos líderes del Sindicato de Petróleos Mexicanos, sitúa el tema del “Pemexgate” en un primer nivel de atención. Carlos Romero Deschamps y otros dirigentes sindicales que son en la actualidad legisladores federales, son acusados por la transferencia de recursos de Pemex a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
El procedimiento implica el análisis y discusión de la solicitud de la PGR por el Congreso, para determinar si existen elementos suficientes de acusación para privar del fuero y procesar judicialmente a los inculpados. En el caso, además de las acusaciones personales o específicas de que se trata, el evento implica un juicio público al viejo sistema político mexicano y de manera especial, al régimen sindical corporativo en que se sustentó por décadas.
El mal estado económico en que se encuentran las empresas públicas productoras de energía como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, deriva entre otras causas de una relación colectiva de trabajo basada en el control político de recursos humanos y económicos. La transferencia de dinero de dichas empresas a los sindicatos con el objeto de financiar campañas del PRI, era de interés primordial sobre el bienestar de los trabajadores y la operación eficiente de las empresas.
Las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión tienen la oportunidad de probar que están dispuestas a proceder por el bien del país y el saneamiento de nuestra vida pública, por encima de sus intereses partidistas o de grupo. En la calidad del planteamiento, evolución y resultado del procedimiento que hoy inicia, tanto el Gobierno de la República como las distintas fracciones parlamentarias de cada partido, juegan su prestigio de cara a la ciudadanía.