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Desafueros/Plaza Pública

Miguel Angel Granados Chapa

Mañana intentarán de nuevo, los grupos del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, instalar la sección instructora e integrarla del modo que han propuesto, modalidad a que se unió el PRI a regañadientes, o como sus líderes dijeron, ad cautelam y bajo protesta. El jueves estuvieron a punto de conseguir la aprobación de ambos asuntos, pero un concurso de circunstancias, entre las que se contó el mal tiempo (no aterrizó el avión en que volvían de Cuba legisladores hechos venir de regreso para ese propósito) impidió que se dieran esos pasos necesarios para estudiar la procedencia que permitiría enjuiciar a líderes petroleros dotados de fuero.

Como habían hecho el miércoles anterior, cuando desairaron a Santiago Creel, los priístas salieron del salón de sesiones. Pero esta vez llevaron consigo a otros legisladores: varios independientes, los del Partido Verde y los restantes, que están en San Lázaro gracias a que se aliaron al PRD, con el que ya no mantienen relación, pues ahora se orientan a coaligarse con el PRI. Tras la salida masiva, el único priísta que permaneció en el recinto (salvo los miembros de la mesa directiva), el guerrerense Efrén Leyva, pidió verificar el quórum, como se hizo una semana atrás para reventar la sesión en que comparecía el secretario de Gobernación. El resultado fue el mismo, aunque pudo ser distinto. De no haber estado una priísta en la presidencia de la mesa directiva, quizá habría tenido fortuna la segunda de las interpretaciones que se propuso considerar respecto del total de los miembros de la Cámara.

La Constitución determina que ese órgano del Congreso se compone por 500 diputados, 300 elegidos por distritos de mayoría, y 200 de representación proporcional. La mitad más uno, suma necesaria para que la sesión se inicie y continúe es 251, y al anochecer del jueves registraron su presencia 250. Se declaró que no había quórum. Pero el perredista Miguel Barbosa recordó que el pleno se integra actualmente por 498 legisladores, pues dos diputados pidieron licencia y no han sido llamados sus suplentes. Luego entonces, se cumplía la regla para medir la mayoría: estaban presentes la mitad, 249, más uno, 250.

Puesta a resolver el dilema, Beatriz Paredes quiso ganar tiempo. Pidió un receso que los presentes impugnaron. Pero ella llevó adelante su decisión y la sesión llegó a su término. Pudo haber continuado, sin mengua de la legalidad. Era posible interpretar si es el dato formal o el dato real el que impera. En el IPAB, por ejemplo, las decisiones que se toman por mayoría, no incluyen en el total al gobernador del Banco de México, que tiene prohibido por ley ocupar su silla en la junta de gobierno de esa institución. Aunque la norma enumera a cada uno de los integrantes, a la hora de contar los votos queda excluido el voto del que no asiste ni puede asistir a las sesiones.

En la sesión de mañana deberá ser posible instalar la sección instructora, que será presidida por un perredista e incluirá a dos panistas y un priísta. En ese punto se abre otra posibilidad de boicot a esa decisión, que la bancada del PRI está resuelta a estorbar. Ese grupo parlamentario podría retirar su propuesta de que Eduardo Andrade forme parte de la sección. Ello quizá no imposibilitaría que la sección fuera instalada, y tampoco evitaría su funcionamiento, con tres de sus miembros. Pero si ya se la tilda de inequitativa, la ausencia del diputado priísta acentuaría ese presunto carácter. Y aunque su funcionamiento fuera legal, sería políticamente difícil sostener que el desafuero de los implicados, priístas todos ellos, se hizo sin responder a banderías políticas. El PRI se ha fabricado así, en los hechos, una suerte de veto que si en la forma puede no operar, resultaría eficaz en el fondo.

No hay abuso panista en la integración de la instructora, tal como lo acordó la Junta de Coordinación. Es sólo una solución sensata. Se trata de evitar que el Partido Verde sea parte de ese comité de cuatro diputados. No se parte de conjeturas sin base, como las que esgrimen los priístas contra la presencia de dos panistas, como si se tratara de una medida precautoria para cuando llegue la hora, predicha por los tricolores, de llevar a instrucción a miembros de Acción Nacional, para los que habría lenidad.Sin que tengan necesidad de hacerlo explícito, es claro que Felipe Calderón y Martí Batres parten no de una suspicacia gratuita y neurótica, ofensiva para el Verde, sino simplemente de la memoria: si ahora Roberto Madrazo es presidente del PRI, y pudo concluir su mandato en Tabasco y participar en la contienda por la candidatura presidencial de su partido, fue gracias a un voto del Partido Verde. Cuando después de muchos afanes al fin se integró el mecanismo que permitiría el juicio político contra Madrazo, demandado desde varios frentes, una oportuna mudanza de Jorge Emilio González Martínez puso a la par los votos del PRI con los de la oposición. Es sensato, es prudente, es obligado impedir que una maniobra semejante se repita. Entonces fue una sorpresa. Ahora sería otra cosa.

La salida de los diputados no priístas que acompañaron a los tricolores anuncia las nuevas relaciones entre partidos con miras a la elección federal del año próximo. A solas, y salvo el Verde, aquellos partidos no alcanzarían el mínimo necesario para sobrevivir. Intentarán formar una nueva mayoría con el PRI, que en otro contexto recobrará su práctica de contar con partidos satélites, de viejo o de nuevo cuño.

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