No exageremos, pero tampoco pasemos por alto deslices verbales del Presidente de la República. Sus palabras carecen de la importancia definitoria de que estaban impregnadas cuando el Ejecutivo era el sol en torno del cual giraba el sistema político mexicano. Sin poder contrastante frente a él, los dichos presidenciales eran ley, formaban doctrina, integraban jurisprudencia. Hoy ya no es así, por la disminución del poder presidencial no sólo frente al resto de las instituciones sino también porque dejó de ser el oráculo, la boca de la que se esperaba brotaran verdades e instrucciones, sugerencias que no era dable desacatar.
En el extranjero sobre todo, aunque no está exento de incurrir en ellos mientras permanece aquí, el Presidente comete deslices que a veces son simplemente divertidos o muestran su lejanía de los temas que sin embargo no duda en abordar. Algunas afirmaciones suyas, en cambio, merecen examen y acotamiento, como las que emitió en el segundo día de su actual gira europea. Al contestar preguntas de estudiantes de la Universidad de Oxford, por ejemplo, fundó la pertinencia de la reelección de los legisladores en la conexión que con ella se establece entre los ciudadanos y sus representantes: la reelección “los obligaría a responder a sus circunscripciones, a su electorado”, pues en cambio ahora “hay muchos de esos congresistas que responden más a sus propios intereses o a los intereses de su partido y no a los intereses de la gente”. Nadie podría negar una desconexión tal entre legisladores y votantes. Pero en los términos que la plantea el Presidente, la cuestión se extiende a él mismo. No pudiendo ser reelegido, está en libertad de servir a sus propios intereses o a los de su partido. Pero él se declararía, lo ha hecho en otras ocasiones, al margen de tal sesgo. Los demás pueden tener malas intenciones, aprovechar que no deben rendir cuentas a sus electores, beneficiarse de que no deben darles la cara de nuevo. Pero él no. Sus móviles son de servicio, patriótico, no mezquinos ni oportunistas. Él fue elegido para servir, no para servirse del poder a diferencia de sus opositores. Una concepción así de unilateral y sesgada imposibilita el diálogo auténtico, pues su autor siempre sospechará de sus interlocutores, hurgará en sus móviles ocultos, desconfiará de los que sean declarados. Si uno hiciera suyo ese modo de percibir la vida política tendría que inquirir si en realidad Fox está insinuando la reelección presidencial, único modo a su juicio de responder a los electores y no a sus intereses propios o partidarios. No hay que olvidar, por otra parte, que los legisladores ya están en necesidad de mantenerse bienquistos con quienes los votaron, pues la reelección mediata es posible y frecuente en nuestro sistema, como lo es también el tránsito de una espacio electoral a otro, como se sabe ahora que diputados locales o jefes delegacionales en la ciudad de México buscan ser elegidos para otro cargo. Más delicado fue el error cometido por Fox al responder una pregunta de la agencia española EFE. Aparentando dominio sobre una materia que desconoce, aventuró que responsables de violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia quedarán impunes. “Es muy probable que buena parte de los responsables no vayan a la cárcel porque se han acabado los términos legales para el enjuiciamiento de esos crímenes”, dijo. Se equivoca. Nadie sabe si “se han acabado los términos legales para el enjuiciamiento de esos crímenes”. Desde fuera del gobierno, con fines analíticos es posible considerar un desenlace como el que traza el Presidente, que algunos responsables de delitos perpetrados en esa época “no vayan a la cárcel”. Pero es irresponsable que lo diga el Presidente de la República. Mientras está en curso la averiguación previa correspondiente, anticipar sus conclusiones da pábulo a la desesperanza o a suponer que el trabajo de la fiscalía especial es sólo un montaje para arribar a decisiones adoptadas con anterioridad. La fiscalía especial que se ocupa de esas investigaciones fue creada por determinación presidencial el 27 de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo instruyó en esos términos al Procurador General de la República. Éste acató la instrucción de su superior y designó a un agente especial del ministerio público para tal efecto. Luego entonces, tal fiscal depende indirectamente del Presidente de la República. ¿Ha transmitido hacia arriba preconclusiones que inducen al Presidente a ese pronóstico? o, al revés, ¿recibió instrucciones para que su conclusión coincida con ese vaticinio y ese dictamen? De inmediato el fiscal Ignacio Carrillo Prieto desestimó las afirmaciones del jefe de su jefe. Recordó que, en lo concerniente a la matanza del dos de octubre de 1968 —respecto de la cual se aduce prescripción— él se atiene a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El 31 de enero pasado esa resolución obligó al ministerio público a investigar los crímenes que se hubieren cometido en Tlatelolco y una vez determinados los delitos establecer si habían prescrito, razonamiento inverso al que había practicado la PGR, que rehusó investigar por suponer que la prescripción había ya operado. Si viviéramos los tiempos del presidencialismo abusivo, lo dicho por Fox a la agencia EFE constituiría un veredicto favorable a los presuntos responsables de aquellos crímenes, una exoneración indeseable. En la etapa de la Presidencia acotada debe ser sólo una errónea apreciación.