Desde el pasado martes, las oficinas de la Contraloría Interna de la Representación de la Secretaría de Educación Pública fueron cerradas por órdenes de la Federación, sin embargo, los 6 empleados que dependían de esta fuente de trabajo no recibieron oficio de despido o rescisión laboral, tampoco de indemnización por antigüedad, por lo que han manifestado las presentes irregularidades de las oficinas de Chihuahua, que se presentaron en Durango sólo a recoger los archivos y documentos de la oficina.
A El Siglo de Durango acudieron el responsable de la Contraloría Interna de esta institución, Héctor Barretero Sánchez y Pedro Ramírez Canales, quienes mostraron a este medio de comunicación las irregularidades que estaban cometiendo las autoridades de la ciudad de Chihuahua.
Al mediodía de ayer fue encontrada en flagrante acción Angélica de las Mercedes, responsable de la Contraloría Interna de la SEP en Chihuahua, junto con otras dos compañeras que le estaban ayudando a recoger documentos.
Al momento de que la reportera gráfica intentó introducirse a las oficinas respectivas, de inmediato le fueron cerradas, para tratar de evitar su acceso. Estas acciones se están realizando en toda la República debido a los recortes de personal que se están llevando a cabo por órdenes de la Federación. Dijeron los afectados, que el mismo problema se está viviendo en otros estados, sin embargo, no han estado contra las medidas, sino que no han sido rescindidos oficialmente, ni tampoco se han determinado sus derechos de pago a través de indemnización, pues la mayor parte de ellos, mantiene varios años de antigüedad.
También manifestaron que no hay pago de la quincena respectiva, por lo que están exigiendo su reinstalación o en su defecto la reubicación de sus empleos. Indicaron que las autoridades de Chihuahua sin dar explicación alguna, simplemente sacaron de sus oficinas a los 6 empleados, entre los que también se encuentran: María del Carmen Castañeda, Tiburcio Salcido Hernández, Yolanda Romo Viggers y Norma Alicia Reyes Rodríguez.
Las antigüedades que registran los trabajadores son considerables, entre los 6 y 12 años, hasta los 22 años de servicio.
Ayer las autoridades de la Contraloría en Chihuahua terminaron de recoger algunos documentos y abandonaron las oficinas, sin dar explicaciones a los trabajadores federados.