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México, D.F.- La diputación del PRI inició el análisis de las reformas al sector eléctrico propuestas por el presidente Vicente Fox y, en un primer documento de trabajo se intenta convencer a los legisladores de las bondades de las iniciativas.
Asimismo, se afirma que “el tercer encuadrado a partir de la premisa de que el gobierno ya no pretende privatizar los activos de las empresas públicas, como era el propósito de la iniciativa presentada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y que ya fue desechada al Senado de la República”.
Ahora, asegura el texto elaborado por el asesor de la diputación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Aguilera Gómez, “la pretensión gubernamental reside en dar acceso al capital privado a la generación y venta de electricidad a usuarios privados”.
Además, el documento refiere que “no es un secreto señalar que el sector energético ha sido, en los lustros recientes, fuente todavía inagotable (pero exhausta en sus posibilidades), para el equilibrio de las finanzas públicas”. El análisis fue enviado a los 207 diputados del PRI y en él, sin embargo, se critica el argumento del Ejecutivo de que al privatizar el servicio de energía eléctrica se garantizará la liberación de recursos para los programas sociales.
Estas afirmaciones, agrega el texto, son “un atentado a la inteligencia, es una lucubración simplista destinada a evadir un tema central: la ostensible ineptitud administrativa y complicidad política del sistema mexicano que le impide superar los obstáculos (que por cierto no son propiamente legales) para ampliar y profundizar la base tributaria de la sociedad”.
Es necesario repetir que México tiene uno de los coeficientes impositivos más bajos de América Latina, agrega, y muy inferior al más bajo de los países de la OCDE, “pero esta precariedad financiera adquiere dimensiones de tragedia si se atiende a un hecho, de ordinario, inadvertido: excluidos los gravámenes que gravitan sobre las empresas estatales, el coeficiente impositivo se reduciría a la mitad. Es decir, los tributos correspondientes a las actividades privadas son apenas la mitad de la recaudación federal”.
Algunas observaciones respecto a las experiencias internacionales en materia de privatización del servicio público de electricidad y en él se explican las presiones para autorizar, legalmente, a los particulares a invertir en la generación de energía eléctrica para el servicio público.
“Bajo el auspicio de algunas empresas internacionales, se ha venido extendiendo entre grupos empresariales -principalmente nuevoleoneses- el interés de instalar plantas termoeléctricas, diseñadas con las modernas tecnologías, con las cuales es posible generar electricidad a costos muy bajos, y, por ende, venderla a precios inferiores a los previstos actualmente en las tarifas”, añade.
Luego, expone que el gas natural producido por Petróleos Mexicanos (Pemex) es insuficiente para atender la demanda presente y futura, por lo que el gobierno deberá evaluar la conveniencia de promover el uso de tecnologías que dependen de un combustible importado (como el gas natural) y desdeñar combustibles pesados (que tenemos en abundancia) que pueden ser empleados en la generación eléctrica, instalando plantas con filtros apropiados, en regiones alejadas de los centros urbanos, donde el impacto ecológico es irrelevante en la salud de la población.
La participación del sector privado en el servicio público de energía es una decisión que debe ser valorada, con un sentido de previsión, expone, “ciertamente, se requieren grandes volúmenes de inversión para construir, en el futuro, plantas generadoras de electricidad, líneas de transmisión y redes de distribución, así como mejorar la calidad del servicio.
“Se trata de volúmenes de inversión muy cuantiosos para garantizar el crecimiento de la oferta al ritmo compatible con la demanda asociada al desarrollo de la economía nacional”.