La Jornada
México, D.F.- El logro principal de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en materia de concesiones fue que las sanciones que se apliquen en materia de contenidos de la programación no sean elementos para la renovación o revocación de títulos de concesión. Los industriales plantearon desde las mesas de negociación que “sólo se valoren los aspectos técnicos (potencia, ubicación del equipo de transmisión, etc.), ya que, de lo contrario, se atentaría contra la libertad de expresión”.
Esta demanda fue plenamente respetada en el nuevo reglamento. El artículo 11 enumera el procedimiento para otorgar concesiones y de los ocho incisos, cinco se refieren a capacidad y descripciones técnicas y de inversión, sólo uno habla de “programación” y otro de “programa comercial, en términos de la característica de la plaza o zona de concesión especificada en la publicación”.
De acuerdo con este artículo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue siendo la única con capacidad de decidir el otorgamiento de concesiones y a la Secretaría de Gobernación sólo se le tomará en cuenta “su opinión” (artículo 13) para el refrendo de las concesiones.
El órgano establecido en este reglamento -el Consejo Nacional de Radio y Televisión- no tiene ninguna atribución en el análisis o en la recomendación de concesiones, en su refrendo o en la vigilancia del buen cumplimiento. En la Mesa IV de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión se estableció como una de las prioridades transformar la discrecionalidad prevaleciente y lograr una mayor transparencia en el otorgamiento de concesiones y permisos.
Otro de los consensos, firmados incluso por la CIRT, fue que el proceso de otorgamiento de concesiones y permisos se hagan públicos y sean específicos. El PAN propuso que las concesiones y permisos sean otorgados por un “organismo plural y autónomo de corresponsabilidad y con conocimiento técnico de las necesidades de desarrollo nacional en esta materia, como un órgano de Estado, rector de la distribución y administración de frecuencias estratégicas para el interés general.
La representación de los grupos ciudadanos expresaron la necesidad de “incorporar la figura del Consejo Nacional de Radio y Televisión como un organismo autónomo ciudadanizado con una asamblea formada por las secretarías de Estado y que aplique reglas y criterios para regular la actividad de la radio y la televisión”. En esa mesa, la CIRT defendió que sólo fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la única competente para definir, otorgar y renovar las concesiones y permisos. Así quedó en el reglamento.